En los últimos días, productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibir notificaciones de la Autoridad del Agua (ADA) que los obligan a inscribirse de manera urgente como “usuarios del recurso hídrico”. Según las cédulas, en caso de no cumplir con el trámite en un plazo de cinco días hábiles, el registro se realizará de oficio.
La medida generó sorpresa y malestar en el sector rural, que asegura desconocer los alcances de la obligación y teme que se trate de la antesala de nuevos costos o tributos. Entidades como la Sociedad Rural Argentina y Carbap ya iniciaron gestiones para obtener precisiones y no descartan acciones conjuntas.
Desde el ruralismo calificaron la decisión como “confusa” e “inexplicable”, señalando que no está claro qué implicará el registro: desde posibles inspecciones hasta eventuales cobros por el uso del agua. También cuestionan la urgencia del requerimiento en medio de un contexto climático complicado, con excesos hídricos que afectan la actividad.
El sustento legal de la medida se basa en la Ley provincial 12.257, vigente desde 1999, que regula el uso del agua en distintas actividades, incluida la ganadería. Sin embargo, el sector advierte que la implementación llega sin información clara y suma incertidumbre a un escenario ya complejo.
En este contexto, las entidades agropecuarias trabajan en una estrategia común para responder al requerimiento oficial, mientras crece la tensión entre el campo y el gobierno bonaerense.
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