Buscan reforzar la seguridad rural con una ley contra la caza furtiva en campos privados
La creciente preocupación por los hechos de inseguridad en el ámbito rural volvió a instalarse en la agenda legislativa bonaerense. Un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone endurecer las sanciones contra quienes ingresen ilegalmente a establecimientos agropecuarios para practicar caza furtiva, una actividad que desde hace años genera preocupación entre productores y propietarios rurales.
La iniciativa busca prohibir la caza de animales silvestres en campos privados sin autorización y crea la figura de «contravención grave contra la seguridad rural», incorporando nuevas herramientas para prevenir y sancionar este tipo de delitos.
Entre las principales medidas se establecen multas de entre 1.000 y 20.000 Unidades Fijas, la inhabilitación para obtener permisos de caza durante diez años, el decomiso de armas y demás elementos utilizados, además del secuestro preventivo de los vehículos empleados para cometer la infracción.
Las sanciones serán aún más severas cuando los hechos sean cometidos por tres o más personas, durante la noche, utilizando vehículos, cuando existan antecedentes o reincidencia, se afecten áreas protegidas o se produzcan daños materiales dentro de los establecimientos rurales.
El proyecto también incorpora penas específicas para quienes ingresen sin autorización a campos privados con fines de caza. En estos casos, las multas podrán llegar hasta las 30.000 Unidades Fijas y se prevé una inhabilitación especial de quince años.
Además, impulsa la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, donde quedarán asentados quienes cometan este tipo de infracciones. La reincidencia duplicará las multas e incluso podrá derivar en una inhabilitación permanente.
Respecto de los perros utilizados para la actividad ilegal, la iniciativa establece que, una vez decomisados, deberán recibir atención veterinaria y podrán ser destinados a refugios, asociaciones protectoras o programas provinciales de adopción responsable.
En nuestra región, integrada por los distritos de Necochea, Lobería, San Cayetano, Balcarce y Tres Arroyos, la inseguridad rural es una preocupación permanente para los productores. En reiteradas oportunidades se han denunciado ingresos ilegales a establecimientos, caza furtiva, daños en alambrados, roturas de tranqueras y otros hechos que alteran la tranquilidad del sector y generan importantes pérdidas económicas.
En ese contexto, esta iniciativa legislativa aparece como una herramienta para intentar contener una problemática que se viene agravando en los últimos años. Si bien por sí sola no resolverá el problema, podría convertirse en un respaldo importante para la Justicia y las fuerzas de seguridad, al establecer sanciones más duras y desalentar el ingreso clandestino a los campos.
La seguridad rural es hoy uno de los principales reclamos del interior bonaerense. Proteger la propiedad privada, preservar la fauna silvestre y garantizar que quienes producen puedan trabajar con tranquilidad son objetivos que exceden la actividad agropecuaria y hacen al desarrollo de toda la comunidad. De avanzar en la Legislatura, esta ley podría representar un paso importante para fortalecer la prevención y responder a una demanda histórica de los productores rurales.
