La Justicia ordenó al Municipio de Rojas informar qué destino tuvieron las tasas cobradas al sector productivo
La resolución surgió a partir de un amparo presentado por entidades rurales que reclamaban conocer el uso de los fondos destinados a caminos rurales, Seguridad e Higiene y Marcas y Señales. La comuna tendrá hasta 45 días para entregar la documentación.
La Justicia le dio la razón a productores de Rojas que reclamaban al municipio información detallada sobre el destino de distintas tasas que gravan la actividad productiva. El fallo obliga a la comuna a entregar documentación vinculada con la recaudación y utilización de los recursos destinados, entre otros fines, al mantenimiento de la red vial rural.
La medida fue adoptada por el juez Juan Atilio Bazzani, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín, a partir de una acción de amparo promovida por las filiales locales de Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural.
El conflicto comenzó el 7 de mayo, cuando las entidades solicitaron formalmente al gobierno municipal información sobre tres tributos: la tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, la tasa de Seguridad e Higiene y la correspondiente al Control de Marcas y Señales.
El objetivo de los productores era conocer cuánto se recaudó, cómo se determinaron los valores de las tasas y, fundamentalmente, cuál fue el destino efectivo de esos recursos.
Ante la falta de una respuesta completa, y una vez vencidos los plazos administrativos correspondientes, las entidades recurrieron a la Justicia. La presentación fue realizada el 3 de agosto con el patrocinio del abogado Pablo Abdon Torres Barthe.
Información entregada de manera parcial
Tras tomar conocimiento de la acción judicial, el Municipio intentó aportar parte de la documentación requerida. Para ello presentó ante el juzgado un dispositivo de almacenamiento con aproximadamente 4 gigabytes de información, que incluía ordenanzas impositivas, presupuestos, cálculos de recursos y rendiciones de cuentas correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Sin embargo, desde la comuna se sostuvo que parte de la información restante podía ser consultada directamente por los productores a través del sitio web municipal.
Ese argumento no fue considerado suficiente por el magistrado. En su resolución, Bazzani sostuvo que la postura municipal no podía ser aceptada frente al derecho de acceso a la información pública.
El juez consideró que la falta de respuesta adecuada a un pedido formal constituye una situación incompatible con las obligaciones que pesan sobre el Estado en materia de transparencia.
Qué deberá entregar el Municipio
La resolución establece que el gobierno de Rojas deberá completar la información requerida dentro de un plazo máximo de 45 días.
Entre los datos solicitados figuran los criterios y costos utilizados para determinar las tasas viales y de Marcas y Señales, además del detalle de lo efectivamente recaudado durante 2025 y 2026 por esos tributos y por Seguridad e Higiene.
También deberá informar los ingresos recibidos por coparticipación provincial y nacional y otros recursos que hayan tenido como destino el mantenimiento de los caminos rurales durante esos períodos.
Otro de los puntos centrales del fallo está relacionado con las obras y tareas realizadas sobre la red vial. La comuna tendrá que detallar qué trabajos llevó adelante durante el año en curso, indicando si fueron ejecutados con personal y maquinaria propios o mediante contrataciones externas.
A su vez, deberá informar la cantidad de trabajadores afectados al servicio durante 2025 y 2026, incluyendo sus salarios, y precisar qué equipamiento fue destinado al mantenimiento de los caminos, su estado de conservación y los gastos realizados en reparaciones y mantenimiento.
Un reclamo que trasciende Rojas
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión el destino de las tasas municipales vinculadas con la producción y, particularmente, aquellas que tienen como contraprestación el mantenimiento de los caminos rurales.
Para las entidades agropecuarias, conocer cuánto se recauda y cómo se utilizan esos fondos constituye una herramienta fundamental para controlar la gestión pública y verificar si existe correspondencia entre los recursos aportados por el sector y los servicios efectivamente prestados.
El fallo de Rojas se suma así a una discusión que se repite en distintos municipios bonaerenses: qué ocurre con las tasas que pagan productores y empresas y cuánto de esos recursos retorna efectivamente en obras y servicios para las actividades que las generan.
La resolución judicial representa, en ese sentido, un antecedente relevante para las organizaciones rurales que buscan acceder a información precisa sobre la administración de los recursos municipales.
