La decisión fue formalizada mediante la Resolución 366 y está vinculada con presuntas irregularidades administrativas en el desarrollo de una investigación internacional. El caso reavivó el debate sobre el uso de fitosanitarios, la investigación científica y el acceso a los resultados obtenidos en Argentina.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce y del CONICET, quien estuvo a cargo de la coordinación argentina del proyecto internacional SPRINT, destinado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente, los alimentos y el organismo humano.
La medida, adoptada por el Consejo Directivo del organismo y formalizada mediante la Resolución 366, constituye la sanción disciplinaria más grave prevista en el régimen de empleo público nacional y determina la desvinculación de Aparicio del INTA.
Los motivos de la decisión
Según los fundamentos difundidos por el organismo, el sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023 examinó distintos aspectos de la gestión del proyecto SPRINT.
Entre los principales cuestionamientos figuran la participación de José Luis Costa, investigador retirado del INTA y pareja de Aparicio, en tareas de coordinación y acceso a información del proyecto sin las autorizaciones institucionales correspondientes.
También se analizaron decisiones relacionadas con la administración de los fondos europeos destinados a la investigación, el envío de muestras al exterior y los procedimientos institucionales y éticos aplicados durante el desarrollo del trabajo.
La resolución sostiene que se produjeron incumplimientos administrativos que justifican la sanción. No obstante, la documentación citada por medios que accedieron a sus fundamentos señala que no se determinó un perjuicio fiscal concreto derivado de los movimientos contables examinados.
¿Qué investigaba el proyecto SPRINT?
SPRINT fue una iniciativa científica internacional financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Su objetivo era evaluar la exposición a productos fitosanitarios y sus posibles efectos sobre la salud humana, los animales, las plantas y los ecosistemas.
La participación argentina se desarrolló en el sudeste bonaerense, con intervención de voluntarios y toma de muestras ambientales y biológicas. Los estudios incluyeron suelo, agua, alimentos y muestras humanas, entre otros materiales.
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue analizar la exposición simultánea a múltiples plaguicidas, en lugar de estudiar cada sustancia de manera aislada.
Los resultados obtenidos y las circunstancias en las que se desarrolló el proyecto despertaron interés y debate en distintos ámbitos, especialmente por las implicancias que la información científica puede tener para las políticas públicas, las prácticas agrícolas y los controles sobre el uso de fitosanitarios.
Cuestionamientos y repercusiones
La situación de Aparicio generó reacciones de investigadores, organizaciones científicas y referentes ambientales, que cuestionaron la proporcionalidad de la sanción y plantearon interrogantes sobre sus posibles consecuencias para la investigación pública.
La propia investigadora había manifestado reparos respecto del procedimiento administrativo y defendido la importancia de los resultados obtenidos por el equipo argentino. También expuso ante concejales de Balcarce sobre los alcances del proyecto y la necesidad de que la información producida pueda contribuir al debate sobre salud pública y aplicaciones de plaguicidas.
Sin embargo, corresponde distinguir los cuestionamientos expresados por distintos sectores de los fundamentos administrativos invocados formalmente por el INTA. Con la información disponible, no está acreditado que la exoneración haya sido dispuesta como consecuencia directa de los resultados científicos sobre agroquímicos.
Una decisión que trasciende el ámbito institucional
El caso vuelve a poner en discusión la relación entre la investigación agropecuaria, la salud ambiental y la producción agrícola, en un contexto en el que el uso responsable de los fitosanitarios constituye un tema de creciente interés público.
Para el sector agropecuario, el desafío consiste en promover sistemas productivos competitivos y sostenibles, con buenas prácticas, controles adecuados y evidencia científica que permita evaluar los riesgos y mejorar las decisiones.
La desvinculación de Virginia Aparicio abre, además, interrogantes sobre el futuro de la información generada por SPRINT en Argentina y sobre la importancia de garantizar procedimientos administrativos transparentes, el derecho de defensa y la continuidad del conocimiento científico.
