La falta de avances en las reuniones entre ambos sectores reaviva la incertidumbre sobre la reforma de la legislación vigente. Estados Unidos reclama que la Argentina adhiera al convenio UPOV 91, mientras las entidades rurales mantienen sus reparos.
La negociación para actualizar la Ley de Semillas en la Argentina atraviesa un escenario de estancamiento. Tras cuatro reuniones entre la industria semillera y las entidades agropecuarias, no hubo nuevos encuentros desde mediados de septiembre y persisten las diferencias sobre los cambios que pretende impulsar el Gobierno nacional.
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) insistieron en la necesidad de modernizar la legislación para mejorar la productividad y la competitividad del sector. En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) recordó que el país asumió el compromiso de adherir al convenio internacional UPOV 91, que establece mayores exigencias en materia de protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.
Uno de los principales puntos de conflicto es el alcance del denominado uso propio de semillas, que permite a los productores reservar parte de su cosecha para volver a sembrar. Las entidades rurales temen que una reforma más restrictiva incremente los costos de producción y exponga a los agricultores a mayores reclamos por regalías.
Mientras el Gobierno busca avanzar con una nueva legislación, las negociaciones entre semilleras y productores no lograron consensuar un texto que satisfaga a ambas partes. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo impulse un proyecto propio ante el Congreso sigue siendo una incógnita.
El debate también adquiere una dimensión internacional, debido al compromiso asumido por la administración de Javier Milei con Estados Unidos para avanzar en la adhesión a UPOV 91, cuyo plazo, según AmCham, vence en diciembre de 2027.
Por ahora, el futuro de la reforma permanece abierto. El desafío será encontrar un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, los incentivos a la innovación y el derecho de los productores a mantener condiciones competitivas para desarrollar su actividad.
