Presentaron un amparo contra el Gobierno bonaerense por la falta de respuesta a un pedido de información pública. Reclaman detalles sobre las obras previstas en la cuenca del río Salado, los fondos ejecutados y las tareas pendientes para prevenir inundaciones.
Dos productores agropecuarios de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para exigir explicaciones sobre el estado de las obras hidráulicas previstas en la cuenca del río Salado y el destino de los $2,3 billones anunciados por el Gobierno bonaerense para prevenir los efectos de eventos climáticos extremos.
El amparo por acceso a la información pública fue presentado el 22 de octubre contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezado por Gabriel Katopodis. La decisión se tomó luego de que un pedido formal, ingresado el 22 de julio, no recibiera respuesta dentro del plazo legal.
Los productores solicitan que la Justicia ordene la entrega de documentación sobre las obras proyectadas, licitadas, contratadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas. También reclaman conocer cuánto dinero fue presupuestado, cuánto se ejecutó y qué intervenciones continúan pendientes.
El planteo pone el foco en el Plan de Gestión del Riesgo Climático presentado en agosto por el gobernador Axel Kicillof, que contempla una inversión anunciada superior a los $2,3 billones. Los demandantes buscan conocer el respaldo presupuestario de esos recursos, sus fuentes de financiamiento, los organismos responsables y los mecanismos previstos para ejecutar y controlar las inversiones.
Además, requieren información sobre licitaciones, empresas contratistas, contratos, certificados de obra, pagos e informes de inspección. Consultado por la prensa, el Ministerio de Infraestructura señaló que responderá el pedido de informes a la brevedad.
Las obras reclamadas en la cuenca del Salado
El pedido comprende distintas intervenciones hidráulicas, especialmente en la subregión A3 de la cuenca del río Salado, donde los problemas de acumulación de agua y anegamientos afectan de manera recurrente a la producción agropecuaria.
Entre las obras mencionadas figuran las intervenciones en el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón; los canales Vinculación y del Este; los trabajos en la laguna Municipal de Bragado y el canal República de Italia-Mercante-Jauretche; y el sistema Belloq-Cadret-La Sofía.
También se solicita información sobre el canal ubicado al sur de la ruta nacional 5, la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y los controles sobre canales construidos sin autorización.
El reclamo incluye, además, las obras realizadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, particularmente las vinculadas con caminos rurales, alcantarillas, canales, puentes y sistemas de drenaje.
Caminos rurales e impacto productivo
La presentación judicial se produce después de los graves anegamientos registrados durante 2025, que provocaron dificultades para la actividad agropecuaria y la circulación en la región. El deterioro de los caminos rurales complicó el acceso a los establecimientos, el traslado de insumos y la salida de la producción.
En ese contexto, los productores buscan conocer qué medidas adoptaron las autoridades durante 2025 y 2026 frente a las inundaciones, qué tareas de mantenimiento se realizaron y cuáles están previstas para reducir el riesgo de nuevos anegamientos.
La preocupación se centra en la posibilidad de que nuevas precipitaciones encuentren los suelos saturados y una infraestructura insuficiente para facilitar el escurrimiento del agua, con consecuencias sobre los establecimientos rurales y la actividad económica.
Por eso, uno de los objetivos del amparo es determinar si los anuncios oficiales se tradujeron en partidas presupuestarias, contrataciones y avances concretos en las zonas afectadas.
Un reclamo por información pública
Los productores aclararon que no pretenden que la Justicia evalúe si las obras proyectadas son suficientes ni que determine si las decisiones oficiales fueron correctas. El objetivo es acceder a información documentada que permita conocer el estado real de las intervenciones y el uso de los recursos anunciados.
La presentación se suma a los reclamos que vienen realizando productores de la región por el deterioro de los caminos rurales y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura hidráulica.
Por el momento, el amparo busca obtener una respuesta oficial. Su presentación no implica que la Justicia haya comprobado irregularidades en el manejo de los fondos ni que exista una resolución definitiva sobre las obras reclamadas.
Para el sector agropecuario, conocer los plazos, el financiamiento y el grado de ejecución de estos trabajos resulta fundamental para evaluar la capacidad de respuesta ante futuras inundaciones y reducir el impacto de los excesos hídricos sobre la producción.
