El Gobierno nacional avanza con un paquete de reformas para el sector agropecuario que incluye una de las modificaciones m\u00e1s trascendentes de las \u00faltimas d\u00e9cadas: la derogaci\u00f3n de la Ley 13.246 de Arrendamientos y Aparcer\u00edas Rurales, vigente desde 1948 y considerada una de las normas fundamentales que regulan el mercado de alquiler de campos en la Argentina.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa forma parte de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulaci\u00f3n y Transformaci\u00f3n del Estado, que a\u00fan no fue remitido al Congreso Nacional, pero ya genera expectativas y posiciones encontradas dentro del sector.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta plantea eliminar el r\u00e9gimen espec\u00edfico que regula los contratos rurales para que las relaciones entre propietarios y productores arrendatarios queden comprendidas bajo las disposiciones generales del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
De concretarse esta reforma, el Estado dejar\u00eda de intervenir mediante una legislaci\u00f3n especial y las partes tendr\u00edan mayor libertad para establecer las condiciones de sus contratos, incluyendo plazos, modalidades de pago, obligaciones, derechos y formas de explotaci\u00f3n de los establecimientos rurales.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Gobierno sostienen que la actual normativa representa una regulaci\u00f3n innecesaria que restringe la libertad contractual. En l\u00ednea con la pol\u00edtica de desregulaci\u00f3n impulsada por la administraci\u00f3n del presidente Javier Milei, el objetivo es equiparar los contratos de arrendamiento rural con cualquier otro acuerdo privado.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta promete instalar una intensa discusi\u00f3n entre productores, propietarios y entidades del sector.<\/p>\n\n\n\n
Quienes respaldan la derogaci\u00f3n consideran que, en la pr\u00e1ctica, los contratos rurales ya se negocian libremente y que eliminar la ley espec\u00edfica permitir\u00eda simplificar las operaciones, reducir la intervenci\u00f3n estatal y brindar mayor previsibilidad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, existen voces cr\u00edticas que advierten sobre posibles consecuencias para los productores arrendatarios. Se\u00f1alan que la desaparici\u00f3n del r\u00e9gimen especial podr\u00eda generar un mayor desequilibrio en la negociaci\u00f3n frente a los propietarios, especialmente si se tiene en cuenta que m\u00e1s del 60% de la superficie agr\u00edcola argentina se trabaja bajo la modalidad de alquiler.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, especialistas sostienen que contratos de menor duraci\u00f3n podr\u00edan desalentar inversiones de largo plazo destinadas a la conservaci\u00f3n de los suelos, mejoras en infraestructura y otras pr\u00e1cticas productivas esenciales para la sustentabilidad.<\/p>\n\n\n\n
La Ley 13.246 fue sancionada en 1948 con el prop\u00f3sito de ordenar las relaciones entre propietarios y arrendatarios rurales y otorgar un marco de protecci\u00f3n a los productores. Aunque fue modificada en distintas oportunidades, mantuvo durante casi ocho d\u00e9cadas su condici\u00f3n de legislaci\u00f3n espec\u00edfica para la actividad agropecuaria.<\/p>\n\n\n\n
Si el proyecto finalmente ingresa al Congreso, comenzar\u00e1 un debate que promete ser uno de los m\u00e1s relevantes para el sector en los \u00faltimos a\u00f1os. La discusi\u00f3n volver\u00e1 a poner sobre la mesa un interrogante de fondo: cu\u00e1l debe ser el equilibrio entre la libertad contractual y la regulaci\u00f3n estatal en un mercado estrat\u00e9gico como el de las tierras productivas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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