La Ruta 3, la Justicia y una pregunta que llega a nuestra zona

La decisión de la Justicia de intimar al Gobierno nacional a reparar la Ruta Nacional Nº 3 abre un capítulo que excede largamente el conflicto puntual entre el Estado y quienes reclamaron por el deterioro de la traza.

La presentación realizada por la Municipalidad de Azul ante la Justicia, y la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre el tramo comprendido entre Azul y Cacharí, coloca sobre la mesa una discusión eminentemente política: ¿hasta dónde puede llegar el reclamo de los municipios cuando el Estado responsable de una ruta no cumple con su obligación de mantenerla en condiciones seguras?

El fallo puede convertirse en un precedente incómodo para los gobiernos, pero también en una herramienta para intendentes, instituciones, productores y vecinos que desde hace años reclaman por rutas deterioradas.

Y aquí aparece una pregunta inevitable para nuestra región: ¿qué pasará en el sudeste bonaerense si este camino judicial comienza a replicarse?

En nuestra zona conocemos perfectamente las dificultades que genera el deterioro de las rutas. La Ruta 3, los corredores provinciales y los caminos que conectan las zonas productivas con los puertos, localidades y centros de comercialización son fundamentales para una región cuya economía depende en gran medida de la producción agropecuaria, el transporte y la actividad portuaria.

Para los municipios de Necochea, Quequén, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos, Balcarce y toda la región, el precedente abre un interrogante político concreto: ¿seguir reclamando por las vías administrativas o avanzar también por la vía judicial cuando las obras no llegan?

Porque una cosa es reclamar y otra muy distinta es conseguir que un tribunal establezca plazos y obligue al Estado a presentar un plan de reparación.

El debate también alcanza al Gobierno provincial. Si una resolución judicial sobre una ruta nacional puede establecer la obligación de intervenir ante una situación de riesgo, cabe preguntarse qué ocurriría si municipios o particulares plantearan acciones similares por el estado de las rutas provinciales.

¿Podrían comenzar a multiplicarse las demandas contra la Provincia por corredores estratégicos que presentan baches, deformaciones, falta de mantenimiento o problemas de señalización?

La respuesta dependerá, en buena medida, de cómo evolucione este caso y de la capacidad que tengan los gobiernos municipales y las instituciones de transformar el reclamo social en acciones concretas.

Pero hay algo que ya está claro: el estado de las rutas dejó de ser solamente una cuestión de infraestructura para convertirse en una cuestión política y judicial.

En nuestra zona, donde cada tonelada de trigo, cebada, maíz o soja necesita recorrer cientos de kilómetros hasta los centros de comercialización y donde miles de camiones utilizan diariamente las rutas para llegar a Puerto Quequén, el costo de una infraestructura deficiente no lo paga solamente el Estado: lo paga el productor, el transportista, el comercio y, finalmente, toda la comunidad.

Por eso, el precedente de Azul y Cacharí merece ser seguido de cerca.

La pregunta ya está planteada: si la Justicia puede obligar al Gobierno nacional a reparar una ruta deteriorada, ¿veremos en nuestra región a municipios, entidades agropecuarias y vecinos recurrir al mismo mecanismo para exigir que Nación y Provincia cumplan con sus responsabilidades?

El tiempo dirá si este fallo queda como un caso aislado o si marca el comienzo de una nueva etapa de reclamos por la infraestructura vial.

Y para el sudeste bonaerense, esa respuesta puede ser mucho más importante de lo que parece.