El campo vuelve a estar en alerta: abigeato, robos y violencia rural

Dos hechos recientes, ocurridos en distintos puntos de la región, vuelven a encender una luz de alarma sobre la seguridad en el ámbito rural.

Por un lado, el robo de nueve vacunos en un establecimiento ubicado a unos 12 kilómetros de Claraz, donde todo indica que los animales fueron faenados clandestinamente. El hallazgo de restos de los ejemplares y huellas de un vehículo refuerza la hipótesis de que quienes ingresaron al campo conocían el movimiento y las características del lugar.

Pero pocos días antes, otro episodio mostró una dimensión todavía más preocupante de la inseguridad rural.

En la zona de La Polola, cerca de Comandante Nicanor Otamendi, el reconocido productor papero Walter Hernández fue víctima de un violento asalto. Un grupo de delincuentes armados y encapuchados ingresó a su establecimiento, lo golpeó y le exigió dinero, haciendo referencia expresamente a su actividad como productor de papa.

Los delincuentes se llevaron aproximadamente un millón de pesos, documentación, un teléfono y otros objetos de valor. Pero el episodio tuvo un agravante que conmocionó especialmente al sector rural: obligaron al productor a subir a su propia camioneta y lo mantuvieron privado de su libertad durante varios kilómetros, hasta abandonarlo en el camino. Posteriormente, el vehículo fue encontrado incendiado.

Son dos hechos diferentes, pero tienen un denominador común: el campo vuelve a aparecer como un territorio vulnerable frente al delito.

El abigeato afecta directamente al patrimonio productivo. El robo violento, en cambio, pone en riesgo la integridad física de quienes viven y trabajan en establecimientos alejados de los centros urbanos.

Y aquí aparece una cuestión que merece ser discutida con seriedad. Los productores rurales no pueden convertirse en los únicos responsables de custodiar establecimientos que, en muchos casos, abarcan cientos o miles de hectáreas, cuentan con escasa iluminación, tienen caminos de difícil vigilancia y se encuentran a varios kilómetros de una dependencia policial.

La prevención necesita presencia. Necesita patrullaje rural, controles en caminos vecinales, investigación sobre los circuitos de comercialización de hacienda y una coordinación efectiva entre productores, Policía, Justicia y organismos de control.

El caso de Claraz demuestra que el abigeato continúa siendo una amenaza concreta para la producción ganadera. El episodio de Otamendi agrega un componente todavía más grave: la posibilidad de que delincuentes ingresen a un establecimiento rural, golpeen a un productor y lo priven de su libertad.

No son hechos para minimizar ni considerar aislados.

Cuando el delito llega al campo, la distancia también juega a favor del delincuente.

Por eso, la seguridad rural debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de los municipios y de las autoridades provinciales. No alcanza con actuar después del robo. Hay que anticiparse, fortalecer la prevención y recuperar la sensación de que también en los caminos rurales existe una presencia efectiva del Estado.

El productor necesita producir, no vivir detrás de una tranquera esperando cuál será el próximo golpe.

Claraz y Otamendi dejan, cada uno a su manera, un mismo mensaje: el campo está en alerta y reclama respuestas.