La medida tendrá vigencia por 180 días y habilita a los intendentes bonaerenses a reasignar hasta el 100% de los recursos del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales. Las entidades rurales expresaron su preocupación por el posible impacto en la conservación de los caminos productivos.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto que autoriza a los intendentes de los 135 municipios bonaerenses a destinar, durante un período de 180 días, fondos originalmente asignados al mantenimiento de los caminos rurales para ejecutar obras hídricas, realizar tareas de dragado y adquirir equipamiento.
La iniciativa, impulsada por el legislador Pablo Vargas, del bloque Unión y Libertad, busca brindar mayor flexibilidad a los gobiernos municipales frente a las dificultades generadas por las inundaciones y los excesos de agua asociados al actual escenario climático.
La normativa permite reasignar hasta el 100% de los recursos del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que recibe el equivalente al 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y está destinado específicamente a la red vial rural.
El proyecto obtuvo los votos necesarios en la Cámara baja, aunque generó diferencias entre los distintos bloques políticos. Con su aprobación, fue remitido al gobernador Axel Kicillof para su promulgación.
Preocupación en el sector agropecuario
La decisión legislativa generó cuestionamientos entre las entidades rurales, que advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la reasignación de recursos en una infraestructura considerada esencial para la producción agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) sostuvo que no se puede atender una emergencia hídrica comprometiendo otra infraestructura fundamental para las comunidades rurales. En ese sentido, recordó que los caminos permiten trasladar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y facilitar la llegada a los servicios de salud.
La entidad también advirtió que desviar los recursos sin establecer garantías concretas para su reposición podría afectar el mantenimiento y la transitabilidad de la red vial rural.
En la misma línea se pronunció la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que cuestionó la utilización de fondos específicamente asignados a los caminos, muchos de los cuales presentan serios problemas de conservación.
Desde la organización señalaron que las obras preventivas deben ejecutarse antes de que ocurran las catástrofes y reclamaron que se controle el uso de los recursos existentes, incluidos los provenientes de las tasas viales municipales.
CARBAP consideró que, antes de recurrir a los fondos destinados a los caminos rurales, corresponde garantizar que los recursos disponibles se administren correctamente y se utilicen para los fines previstos.
Un debate que atraviesa al interior bonaerense
Durante el tratamiento legislativo también surgieron cuestionamientos vinculados al financiamiento de las obras hídricas. Desde sectores del peronismo apuntaron a la falta de transferencias nacionales correspondientes al Fondo Hídrico, una situación que, según sostuvieron, contribuyó a impulsar la modificación normativa.
Por su parte, algunos legisladores radicales expresaron su disidencia y cuestionaron tanto el procedimiento de tratamiento como las posibles consecuencias de la medida para el sector productivo.
Caminos rurales y obras hídricas: dos necesidades que deben atenderse
La discusión plantea un desafío para los municipios bonaerenses: responder a las emergencias provocadas por el exceso de agua sin descuidar la infraestructura que sostiene la actividad agropecuaria.
En una provincia donde buena parte de la producción depende de caminos de tierra para llegar a los centros de acopio, las industrias y los puertos, el estado de la red vial tiene consecuencias directas sobre los costos de transporte, la logística de las cosechas y la vida cotidiana de las comunidades rurales.
Las obras hídricas resultan necesarias para reducir los efectos de las inundaciones y mejorar el escurrimiento del agua. Sin embargo, las entidades agropecuarias reclaman que esas intervenciones no se financien a costa del mantenimiento de los caminos, sino mediante una planificación que contemple ambas necesidades.
El punto central será determinar cómo se utilizarán los recursos durante los 180 días de vigencia de la ley y qué mecanismos se establecerán para garantizar que la red vial rural no quede relegada una vez superada la emergencia.
Para el campo bonaerense, el desafío no pasa solamente por sacar el agua de los campos, sino también por asegurar que los caminos continúen siendo transitables para que la producción pueda llegar a destino.
