La expulsión de una investigadora del INTA por su participación en un proyecto internacional sobre residuos de agroquímicos abrió un debate que trasciende una sanción administrativa. Están en juego la credibilidad de las instituciones científicas, la libertad de investigación y la necesidad de contar con información objetiva sobre una cuestión sensible para la producción agropecuaria y la sociedad.
La controversia generada por la exoneración de la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce, volvió a colocar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el centro de una discusión que merece mucha más atención que la que habitualmente reciben los conflictos internos de los organismos públicos.
El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, decidió salir públicamente a defender la resolución del Consejo Directivo que dispuso la expulsión de la profesional, argumentando que existieron incumplimientos administrativos, diferencias en los procedimientos de investigación y presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y la información del proyecto.
Sin embargo, más allá de las razones expuestas por las autoridades, el caso plantea interrogantes que no deberían quedar sin respuestas.
Aparicio participó entre 2020 y 2023 del Proyecto Sprint, una iniciativa internacional que involucró a diez países de la Unión Europea y a la Argentina, con el objetivo de estudiar la presencia de residuos de productos fitosanitarios en el ambiente y en las personas. Se trató de una investigación que buscaba aportar información científica sobre una temática que genera preocupación, controversias y posiciones muchas veces enfrentadas.
Lo llamativo de esta situación es que el propio Bronzovich reconoció que los resultados de las mediciones realizadas en nuestro país se encontraban muy por debajo de los límites máximos establecidos por la Unión Europea. Según sus declaraciones, incluso el valor más elevado detectado en las muestras de sangre estaba hasta mil veces por debajo de esos parámetros.
Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué una investigación que formaba parte de un proyecto internacional, al que el propio INTA había adherido, terminó convirtiéndose en un conflicto institucional de semejante magnitud?
Es cierto que los organismos públicos deben exigir el cumplimiento de sus protocolos, controlar la utilización de los fondos y garantizar el manejo responsable de la información. Ningún investigador está por encima de las normas y, si existieron irregularidades debidamente comprobadas, corresponde que sean evaluadas.
Pero también es cierto que una sanción de semejante gravedad exige fundamentos sólidos, procedimientos transparentes y explicaciones convincentes. La exoneración de una profesional que desarrolló buena parte de su trayectoria dentro del sistema científico público no puede quedar reducida a una disputa administrativa.
Las declaraciones de Violette Geissen, coordinadora internacional del Proyecto Sprint y profesora de la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos, agregaron otro elemento a la controversia. La investigadora defendió el trabajo de Aparicio y aseguró que había cumplido rigurosamente los protocolos establecidos por el consorcio internacional. Una afirmación que merece ser considerada y confrontada con los argumentos oficiales.
EL INTA NECESITA DAR RESPUESTAS, NO PROFUNDIZAR LAS DUDAS
La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el contexto en el que se produce. El INTA atraviesa un proceso de fuertes transformaciones, reducción de personal y cuestionamientos sobre su funcionamiento. En ese escenario, cada decisión institucional que afecta a sus investigadores y a la credibilidad del organismo debe ser explicada con absoluta claridad.
No se trata de defender posiciones ambientalistas ni de cuestionar a quienes trabajan diariamente para mejorar la productividad agropecuaria. Tampoco de instalar sospechas generalizadas sobre el uso de tecnologías que resultan fundamentales para la agricultura moderna.
Se trata de reconocer que la producción necesita ciencia, investigación y controles confiables.
La Argentina es uno de los principales países productores y exportadores de alimentos. Su agricultura depende de la incorporación de tecnología, de la utilización de herramientas para proteger los cultivos y de la capacidad de producir cada vez más y mejor. Precisamente por eso, conocer el comportamiento de los productos fitosanitarios y sus posibles efectos sobre el ambiente y las personas debería ser una prioridad.
No investigar no resuelve el problema. Ocultar información tampoco. Por el contrario, la ausencia de datos oficiales termina alimentando especulaciones, enfrentamientos y discursos extremos que perjudican tanto a la sociedad como al propio sector agropecuario.
UNA OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR LA CONFIANZA
El caso Aparicio debería servir para abrir una discusión mucho más profunda sobre el papel que debe cumplir el INTA en estas cuestiones. La institución tiene una trayectoria histórica en investigación, extensión y acompañamiento al productor argentino. Su prestigio se construyó durante décadas gracias al trabajo de miles de profesionales que hicieron de la ciencia una herramienta para el desarrollo del campo.
Ese capital institucional no puede quedar comprometido por decisiones que generan más preguntas que certezas.
Es necesario que se conozcan los fundamentos completos de la sanción, que se garantice el derecho a la defensa y que las diferencias científicas y administrativas puedan ser examinadas con independencia y transparencia.
También resulta indispensable que el Estado impulse programas permanentes de monitoreo de residuos de agroquímicos, con protocolos reconocidos, resultados públicos y participación de instituciones científicas.
La producción agropecuaria necesita defender su tecnología, su competitividad y su capacidad exportadora, pero esa defensa debe apoyarse en información comprobable y no en la ausencia de debates.
El INTA tiene una responsabilidad que va mucho más allá de resolver sus conflictos internos. Debe generar conocimiento, brindar respuestas y ofrecer garantías tanto a los productores como a los consumidores.
Porque cuando se trata de ciencia, la transparencia no debilita a las instituciones: las fortalece.
Y cuando una investigación genera controversias, la mejor respuesta nunca debería ser cerrar la discusión, sino aportar más conocimiento, más controles y más certezas.
El campo argentino necesita un INTA fuerte, independiente y respetado. Un organismo que no tema investigar, que no oculte sus resultados y que entienda que la credibilidad científica es uno de los principales recursos para garantizar el futuro de la producción agropecuaria nacional.
