Confederaciones Rurales Argentinas cuestiona el Reglamento Europeo contra la deforestación y advierte sobre el riesgo de que una plataforma privada termine condicionando la comercialización de la producción ganadera y sojera. Reclama mayor participación del Estado, reconocimiento de los registros oficiales y libertad para que cada productor pueda elegir cómo acreditar la trazabilidad de sus productos.
La relación comercial entre el agro argentino y la Unión Europea enfrenta un nuevo desafío. La implementación del Reglamento Europeo 2023/1115, conocido como EUDR y destinado a impedir el ingreso de productos vinculados con la deforestación, vuelve a generar preocupación en el sector agropecuario nacional.
La normativa, impulsada en el marco del Pacto Verde Europeo, establece exigencias de trazabilidad y debida diligencia para una serie de productos, entre ellos la carne bovina, la soja y sus derivados. Después de sucesivas postergaciones solicitadas por distintos sectores productivos europeos, su aplicación está prevista para el 30 de diciembre de 2026, con efectos sobre las operaciones comerciales que deberán cumplir sus disposiciones.
Para la Argentina, uno de los principales proveedores mundiales de alimentos, el desafío consiste en adecuarse a las exigencias internacionales sin resignar autonomía, competitividad ni los derechos de sus productores.
En ese escenario aparece VISEC, una plataforma que permite acreditar la trazabilidad y demostrar que la producción ganadera y sojera no proviene de superficies deforestadas después de la fecha de corte establecida por la normativa europea.
Sin embargo, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advierten que el cumplimiento de las exigencias europeas no debe convertirse en una puerta de entrada para nuevas imposiciones privadas sobre los productores argentinos.
Una exigencia ambiental que puede transformarse en una barrera comercial
CRA sostiene que el Reglamento Europeo 2023/1115, aunque se presenta bajo fundamentos ambientales, puede funcionar como una barrera paraarancelaria que perjudica a productores de países que cuentan con sistemas propios de legislación y control ambiental.
La entidad cuestiona especialmente que los criterios europeos puedan desconocer situaciones que fueron autorizadas legalmente por las autoridades nacionales y provinciales argentinas.
En esa línea, el canciller Pablo Quirno calificó esta política como una expresión de «neoproteccionismo ambiental», una definición con la que CRA manifiesta coincidencia.
La preocupación del ruralismo no se limita a la exigencia europea. También apunta a la forma en que se está organizando su cumplimiento dentro del país.
Para la entidad, una cosa es aceptar que un comprador internacional solicite información sobre el origen de los productos y otra muy diferente es permitir que una plataforma privada se transforme en el único camino para acceder a ese mercado.
VISEC y la libertad del productor para elegir
Uno de los principales cuestionamientos de CRA apunta a la posibilidad de que VISEC termine funcionando como un sistema excluyente.
La organización recuerda que el Reglamento europeo no obliga a los productores argentinos a inscribirse en esa plataforma, tampoco la designa como autoridad oficial de validación ni establece un sistema privado único.
La obligación de demostrar el cumplimiento de las condiciones de trazabilidad recae sobre los operadores que introducen los productos en el mercado europeo. Por lo tanto, la exigencia de información no significa que el productor deba quedar sujeto a una única herramienta comercial.
En ese sentido, CRA considera que deben existir distintas alternativas para acreditar el origen y las condiciones ambientales de la producción.
Como antecedentes menciona el Directorio de Esquemas de Diferenciación creado por la Secretaría de Agricultura mediante la Resolución 50/2024 y la experiencia de Santa Fe Produce Sustentable, una iniciativa provincial que demuestra que también pueden desarrollarse herramientas públicas para garantizar la trazabilidad.
La preocupación por los frigoríficos y los descuentos al productor
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud dentro de CRA está relacionado con las condiciones comerciales que estarían imponiendo algunos frigoríficos exportadores.
Según los reclamos recibidos por la entidad, determinadas empresas estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción en VISEC Carne, aplicando descuentos sobre el valor de toda la res.
Desde la organización ruralista plantean un interrogante central: ¿por qué el productor debe soportar una penalización sobre el conjunto del animal cuando solamente determinados cortes tienen como destino el mercado europeo?
La entidad establece una comparación con lo sucedido en el sector sojero, donde los esquemas diferenciados de producción permitieron reconocer premios comerciales. En cambio, advierte que en el negocio de la carne el productor podría terminar recibiendo un castigo económico por no adherir a una plataforma determinada.
CRA no cuestiona que una producción diferenciada pueda tener un valor comercial distinto. Lo que rechaza es que la posición dominante de determinados compradores se utilice para imponer condiciones que limiten la libertad de elección del productor.
Por ese motivo, considera que estas prácticas deben ser analizadas desde la perspectiva de la defensa de la competencia.
La soberanía provincial también está en discusión
Otro de los puntos centrales del planteo tiene que ver con el federalismo y las facultades de las provincias argentinas.
La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 124, el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. A su vez, la Ley 26.331 establece el marco para el ordenamiento de los bosques nativos y la autorización de los cambios de uso del suelo.
Para CRA, las autoridades provinciales son quienes tienen competencia para determinar la legalidad de las actividades productivas dentro de sus jurisdicciones.
Por eso, advierte que una plataforma privada no puede sustituir las decisiones administrativas de los organismos públicos ni desconocer autorizaciones otorgadas conforme a la legislación argentina.
La discusión adquiere especial relevancia para una actividad que se desarrolla en territorios con realidades productivas, ambientales y normativas diferentes.
El Estado debe asumir un papel protagónico
Desde CRA consideran que el Gobierno nacional no puede permanecer al margen de esta discusión.
La entidad recuerda que, históricamente, el Estado argentino tuvo un papel fundamental en la certificación de las condiciones necesarias para acceder a los mercados internacionales, como ocurre con los protocolos sanitarios, las cuotas Hilton y 481 y la habilitación de establecimientos exportadores.
Por eso, reclama que también intervenga en los mecanismos de validación de la trazabilidad ambiental y productiva.
La preocupación es que, sin una validación pública, el poder de compra de los grandes operadores termine convirtiéndose en un poder de regulación sobre toda la cadena.
Además, CRA señala que países como Brasil, Paraguay y Uruguay avanzaron en el desarrollo de herramientas públicas para responder a las exigencias internacionales.
En un país donde las exportaciones agropecuarias representan una de las principales fuentes de divisas y recursos fiscales, resulta fundamental que el Estado acompañe al sector productivo y garantice condiciones equitativas de acceso a los mercados.
CRA reclama un sistema plural y sin exclusividades
Frente a este escenario, Confederaciones Rurales Argentinas propone avanzar en un esquema que contemple:
- El desarrollo de herramientas públicas de validación por parte de Nación y las provincias.
- El reconocimiento de los registros oficiales argentinos.
- La aceptación de diferentes plataformas interoperables, sin exclusividades.
- La protección de la información aportada por los productores.
- Una distribución equitativa de los costos de certificación y trazabilidad.
- La prohibición de utilizar posiciones dominantes de mercado para imponer la adhesión obligatoria a plataformas privadas.
El objetivo es que cada productor pueda cumplir con las exigencias de los compradores internacionales sin quedar cautivo de un sistema determinado ni soportar costos adicionales injustificados.
Una discusión que compromete el futuro exportador del campo argentino
La discusión sobre el Reglamento Europeo y la plataforma VISEC excede ampliamente una cuestión administrativa o tecnológica. Está en juego quién establece las condiciones para comercializar la producción argentina, quién valida su cumplimiento y quién termina pagando los costos de adaptación a las nuevas exigencias internacionales.
El agro argentino ha demostrado capacidad para producir alimentos con eficiencia, incorporar tecnología y responder a los mercados más exigentes del mundo. Sin embargo, esa competitividad no puede quedar condicionada por mecanismos que desconozcan la legislación nacional, las competencias provinciales o la libertad comercial de quienes producen.
El desafío consiste en cumplir con los estándares ambientales internacionales sin aceptar que las exigencias externas se transformen en nuevas restricciones internas.
La trazabilidad debe ser una herramienta para abrir mercados, agregar valor y fortalecer la confianza de los compradores, no un mecanismo para concentrar poder de decisión en manos de unos pocos.
Desde la mirada del campo argentino, la defensa de la producción también implica defender la libertad de trabajar, comercializar y elegir. Porque si el productor es quien asume los riesgos climáticos, económicos y productivos, también debe tener garantizado el derecho a decidir cómo y con quién acreditar el cumplimiento de las exigencias del mercado.
La Argentina necesita vender más al mundo, pero no a cualquier precio. La sustentabilidad debe ser un atributo de nuestra producción y no una excusa para imponer nuevas barreras comerciales ni para trasladar al productor el costo de decisiones que otros toman.
