Ante dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, el Presidente defendió el esquema de reducción gradual de los derechos de exportación y proyectó una devolución de US$ 500.000 millones en impuestos hasta 2031. También respaldó el endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
El presidente Javier Milei volvió a colocar la cuestión de las retenciones en el centro de la agenda agropecuaria y ratificó su compromiso de avanzar hacia su eliminación definitiva. Lo hizo durante un encuentro con dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde defendió la política económica de su administración y vinculó el futuro de la presión impositiva sobre el sector con la continuidad de su proyecto político.
“Trabajamos sin descanso para poder eliminar este invento nefasto para siempre”, afirmó el mandatario al referirse a los derechos de exportación que todavía gravan las ventas externas de productos agropecuarios.
En ese contexto, Milei sostuvo que el programa económico diseñado por el equipo que conduce el ministro Luis Caputo contempla una importante devolución de recursos a los contribuyentes. Según sus proyecciones, si los argentinos deciden darle continuidad a su modelo de gobierno, entre el inicio de su gestión y 2031 se devolverían US$ 500.000 millones en impuestos.
La afirmación introduce un componente político en una de las principales demandas históricas del sector agropecuario: la eliminación de las retenciones. La promesa presidencial, sin embargo, todavía debe traducirse en medidas concretas que permitan establecer plazos y condiciones para alcanzar ese objetivo.
UNA REDUCCIÓN GRADUAL, CON LA ELIMINACIÓN COMO OBJETIVO
El Gobierno presentó durante este año un esquema de reducción escalonada de los derechos de exportación para distintas cadenas agrícolas, mediante el Decreto 423/2026.
El programa contempló una baja inmediata de dos puntos porcentuales para el trigo y la cebada desde junio, mientras que para la soja estableció reducciones mensuales durante 2027 y 2028. Para el maíz y el sorgo se fijaron disminuciones trimestrales, y para el girasol, semestrales.
De esta manera, la administración nacional sostiene una estrategia de reducción progresiva, aunque la eliminación total continúa dependiendo de las condiciones fiscales y económicas que el propio Gobierno plantea como necesarias para avanzar.
Para los productores, la cuestión no se limita al porcentaje de retenciones: también involucra la previsibilidad tributaria, la rentabilidad de las explotaciones y la capacidad de inversión de las empresas agropecuarias.
VANDALISMO RURAL Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA
Durante el encuentro con los representantes de la Sociedad Rural, Milei también destacó el avance legislativo del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que propone endurecer las penas para quienes cometan delitos de vandalismo rural.
El Presidente aprovechó la oportunidad para cuestionar a sectores de la oposición por sus posiciones frente al campo y sostuvo que durante años se construyó un discurso de confrontación con los productores.
“La Cámara de Diputados ha dado media sanción a un proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo rural”, expresó, antes de agregar que su administración busca proteger la propiedad privada.
El mandatario cerró su intervención con una definición de fuerte contenido político: “Mientras ellos han puesto cuatreros en sus listas, nosotros protegemos la propiedad privada”.
EL CAMPO, ENTRE LAS PROMESAS ECONÓMICAS Y LAS DEFINICIONES POLÍTICAS
Las declaraciones presidenciales vuelven a poner sobre la mesa una discusión central para el sector agropecuario argentino: el futuro de los derechos de exportación y el peso de la carga tributaria sobre la producción.
Mientras el Gobierno plantea una reducción gradual y mantiene la eliminación definitiva como objetivo, las entidades rurales y los productores deberán seguir de cerca el cumplimiento del cronograma anunciado y las condiciones que determinarán los próximos pasos.
La cuestión de fondo es cuánto tiempo demandará pasar de las promesas a la eliminación efectiva de un impuesto que condiciona los ingresos del sector exportador y forma parte de una prolongada discusión sobre la relación fiscal entre el Estado y el campo argentino.
