La homologación de la emergencia agropecuaria por parte del Gobierno nacional representa un reconocimiento necesario para los productores afectados por las inundaciones en el partido de Necochea y en 9 de Julio. Sin embargo, la decisión llega con un dato que no puede pasar inadvertido: se conoció apenas cinco días antes de que finalice el período de emergencia establecido por la Provincia de Buenos Aires.
Mediante la Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía, la Nación reconoció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones afectadas por inundaciones en todo el partido de 9 de Julio y en las circunscripciones II, III, IV y XII de Necochea. La medida comprende el período entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2026, en el marco de la Ley 26.509.
La disposición habilita beneficios impositivos y crediticios destinados a aliviar la situación de los establecimientos rurales afectados. Para acceder a ellos, los productores deberán contar con el certificado expedido por la autoridad provincial competente, que acredite que sus explotaciones se encuentran comprendidas en la emergencia.
Se trata de una herramienta importante, pero el interrogante es inevitable: ¿alcanza con el reconocimiento administrativo cuando las consecuencias de las inundaciones siguen condicionando la actividad productiva?
El tiempo también cuenta cuando el campo está bajo el agua
En una explotación agropecuaria, los daños provocados por los excesos hídricos no desaparecen con la publicación de una resolución. Los campos anegados, las dificultades para ingresar a los establecimientos, los problemas de transitabilidad de los caminos rurales y las limitaciones para desarrollar las tareas productivas pueden prolongar sus efectos mucho después de que deje de llover.
Por eso, el momento en que llega una medida de asistencia resulta tan importante como su contenido. La homologación nacional es un paso necesario, pero su utilidad dependerá de la rapidez con que se instrumenten los beneficios y de que los productores puedan acceder efectivamente a ellos.
La situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de mecanismos de respuesta más ágiles frente a las emergencias climáticas. Cuando el agua compromete la producción, cada día cuenta: se alteran los calendarios de trabajo, se incrementan los costos y se resiente la capacidad financiera de quienes deben sostener sus establecimientos.
Necochea también necesita respuestas concretas
Para Necochea, un distrito estrechamente vinculado con la producción agropecuaria y la actividad del Puerto de Quequén, las consecuencias de las inundaciones exceden los límites de cada establecimiento rural.
El campo es parte de una cadena económica que involucra a productores, contratistas, transportistas, proveedores de insumos, trabajadores y empresas vinculadas con la comercialización y la exportación. Cuando las dificultades hídricas afectan esa actividad, también pueden resentirse la circulación de mercaderías y el movimiento económico regional.
La inclusión de las circunscripciones II, III, IV y XII dentro de la resolución nacional constituye un reconocimiento de las zonas alcanzadas, pero también exige que los trámites se resuelvan sin demoras innecesarias. Los productores necesitan conocer con claridad los procedimientos, presentar la documentación correspondiente y recibir los beneficios previstos por la legislación.
En este proceso, la coordinación entre Nación, Provincia, municipio y entidades vinculadas con el sector agropecuario resulta fundamental. La emergencia requiere respuestas articuladas, información precisa y seguimiento de cada expediente.
La experiencia reciente obliga a no subestimar el problema
Lo ocurrido en 9 de Julio durante 2025 dejó una advertencia contundente sobre la magnitud que pueden alcanzar las inundaciones. En aquel momento se estimaron alrededor de 160.000 hectáreas bajo agua, con importantes pérdidas económicas y serias dificultades para la circulación por los caminos rurales.
La reiteración de episodios de anegamiento demuestra que la respuesta no puede limitarse exclusivamente a medidas tributarias o financieras. Es necesario avanzar también en planificación hídrica, mantenimiento de caminos, obras de infraestructura y estrategias de prevención que permitan reducir la vulnerabilidad de las zonas productivas.
Frente a un escenario climático que exige atención y previsión, anticiparse resulta tan importante como asistir después de los daños. La posibilidad de nuevos períodos de lluvias intensas obliga a fortalecer los mecanismos de seguimiento y a evaluar las condiciones particulares de cada región, sin perder de vista las diferencias entre los distritos afectados.
Una emergencia que exige algo más que una resolución
La homologación nacional es bienvenida porque abre la puerta a herramientas de alivio para los productores alcanzados. Pero el reconocimiento formal debe ser el comienzo de una respuesta efectiva, no el punto final de la gestión.
La producción agropecuaria necesita previsibilidad, especialmente cuando enfrenta contingencias que escapan al control de quienes trabajan la tierra. Las facilidades impositivas y crediticias pueden contribuir a sostener la actividad, aunque su impacto dependerá de la oportunidad, el alcance y la facilidad de acceso.
Cuando el campo se inunda, no solo se pierde capacidad productiva: también se compromete el trabajo, la inversión y el movimiento económico de toda una región.
La reflexión final es clara: las emergencias agropecuarias requieren decisiones oportunas, coordinación institucional y políticas de prevención sostenidas en el tiempo. Para los productores de Necochea y 9 de Julio, el desafío inmediato será convertir la homologación en un alivio real. Para el Estado, la responsabilidad será garantizar que las herramientas anunciadas lleguen a quienes las necesitan.
Porque frente a una inundación, el tiempo administrativo no siempre coincide con el tiempo de la producción. Y cuando el plazo está a punto de vencer, la rapidez de la respuesta también forma parte de la ayuda.
