UPOV 91: qué responde la industria semillera frente al rechazo de productores
«Nuestro marco normativo tiene ya aspectos de la UPOV 91», comenta Alfredo Paseyro, directivo de ASA
«Proponen un cambio de manera rápida, con señales al mundo, sobre todo en lo que es inversiones», destaca el gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), al compartir su punto de vista sobre el DNU de Javier Milei.
Dentro del DNU, uno de los puntos claves para el agro, que despertó rechazo del sector productivo, tiene que ver con la adhesión a la revisión del año 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91). En este sentido, Paseyro contextualiza en que la Argentina «vino perdiendo competitividad, rinde y calidad por no tener un ordenamiento entre el obtentor (mejorador de variedades vegetales) y el uso propio de semillas por parte de los productores».
Por eso, considera que la propuesta de adhesión de la Argentina a UPOV 91 «es una señal», pero aclara que no es la solución. Si bien Argentina adhirió a la UPOV 91, esto no quiere decir que ya se vean plasmados los cambios en la práctica, sino que establece las pautas para que el gobierno nacional avance con las nuevas regulaciones, respetando al obtentor y al productor.
También aclara: «Nuestro marco normativo tiene ya aspectos de la UPOV 91». Y enumera que están los 20 años de protección, que la Argentina ya los tiene, la identificación de especies que hace el INASE, los métodos de mejoramiento (reconocer cuándo una variedad es realmente nueva) y el último punto que está en discusión: el uso propio.
«De ninguna manera se prohíbe el uso propio, si se habla del uso propio como práctica. La UPOV 91 dice que hay que ordenar y que las condiciones las tiene que establecer el gobierno nacional», agrega Paseyro.
De esta forma, desde ASA destacan que sumarse a UPOV 91 es positivo en términos de señales, pero aclaran que falta que el Estado regule a través de leyes. «Es un ordenamiento de cosas que ya están», remarca Paseyro y enumera que están adheridos todos los países de la Unión Europea (27 países), Japón, Israel, Canadá, Estados Unidos, Perú y Costa Rica. Y que, si bien no hay otros países del Mercosur, Brasil y Uruguay tienen legislación que protegue a productores y obtentores. «Son procesos», concluye.
