El campo acelera liquidaciones: el Gobierno confirma que no prorrogará la baja de retenciones
A pocos días de que venza la reducción temporal de retenciones, el Gobierno nacional confirmó que no extenderá la medida, y el sector agropecuario se apura a liquidar granos para aprovechar las alícuotas reducidas.
Desde el 1° de julio, los derechos de exportación volverán a ubicarse en el 33% para el poroto de soja y en el 31% para sus derivados. En el caso del maíz, el tributo pasará del 9% actual al 12%.
La decisión oficial se sostiene a pesar del alivio fiscal logrado en los últimos meses gracias al fuerte ajuste del gasto público, que incluso supera las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según fuentes del equipo económico, no hay margen político ni fiscal para sostener la rebaja impositiva sobre las exportaciones agrícolas.
Desde el sector agroexportador reconocen que la expectativa por una posible prórroga se fue desinflando con el correr de las semanas. Dirigentes de la Mesa de Enlace aseguraron que no hubo contactos con el Gobierno en torno a este tema, mientras que algunos empresarios afirmaron haber recibido señales claras desde el Ministerio de Economía: el cronograma se mantiene tal como estaba previsto.
El complejo agroindustrial esperaba una señal para sostener el impulso exportador de los últimos meses, pero con la certeza de que el alivio fiscal termina el 30 de junio, los productores aceleraron las ventas de soja y maíz para aprovechar el diferencial de retenciones antes del cambio de escenario.
En contraste, otros cultivos como el trigo y la cebada seguirán beneficiados con alícuotas reducidas hasta marzo de 2026, en el marco de una estrategia oficial para incentivar la producción de esos granos. Pero para soja, maíz, girasol y sorgo, el esquema vuelve a su estructura previa.
El sector teme que el incremento de las retenciones implique un freno en la actividad comercial y productiva durante el segundo semestre, justo cuando el Gobierno necesita reforzar el ingreso de divisas para sostener el equilibrio cambiario y cumplir con los compromisos externos.
Con este panorama, la histórica tensión entre el Poder Ejecutivo y el campo vuelve a quedar en primer plano, en un contexto en el que el superávit fiscal convive con las dificultades para reactivar la economía.
