Editorial | Cuando la infraestructura no acompaña al motor productivo

Las inundaciones que golpearon al distrito de Necochea durante los últimos meses dejaron imágenes contundentes de campos anegados y caminos intransitables. Sin embargo, reducir la crisis del sector agropecuario exclusivamente al fenómeno climático sería simplificar un problema mucho más profundo.

Desde la Sociedad Rural de Necochea sostienen que el exceso hídrico no hizo más que poner en evidencia una falencia estructural que el campo viene denunciando desde hace años: el progresivo deterioro de la red vial rural y la ausencia de una política sostenida de inversión en infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción.

El planteo merece una reflexión política. En un distrito cuya economía depende en gran medida de la actividad agropecuaria y del movimiento que genera Puerto Quequén, resulta inevitable preguntarse si las prioridades en materia de inversión pública han estado alineadas con las verdaderas necesidades del aparato productivo.

Uno de los cuestionamientos más fuertes gira en torno a la tasa vial rural. Según el presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Cardenau, Necochea cobra una de las tasas más elevadas de la provincia de Buenos Aires, incluso por encima de municipios vecinos. La discusión no pasa solamente por el monto que pagan los productores, sino por una pregunta que hoy cobra mayor vigencia: ¿se refleja esa recaudación en caminos rurales en condiciones de sostener la producción durante todo el año?

Desde el Ejecutivo municipal se ha explicado en distintas oportunidades que el deterioro de los caminos responde al aumento del tránsito pesado, impulsado por una producción agrícola cada vez mayor. Sin embargo, ese mismo argumento fortalece el reclamo del sector: si la producción creció, la infraestructura también debió evolucionar para responder a esa nueva realidad.

Hoy las consecuencias son visibles. No solo existen dificultades para sacar la cosecha o trasladar hacienda, sino también para ingresar semillas, fertilizantes y maquinaria necesarios para avanzar con la campaña fina. La falta de accesibilidad a numerosos establecimientos compromete la actividad presente y condiciona la producción futura.

El impacto económico trasciende a los productores. Transportistas, contratistas, proveedores de insumos, comercios, trabajadores rurales e incluso la actividad de Puerto Quequén forman parte de una cadena que comienza en los caminos rurales. Cuando esa red deja de funcionar, el perjuicio alcanza a toda la economía regional.

Las emergencias climáticas seguirán ocurriendo. Lo que sí puede modificarse es la capacidad del Estado para anticiparse, planificar e invertir en obras que reduzcan la vulnerabilidad del sistema productivo. Gobernar también implica preparar la infraestructura para escenarios previsibles y no limitarse a administrar sus consecuencias.

La discusión que hoy plantea el campo excede el estado de un camino o el monto de una tasa. Pone sobre la mesa el debate sobre cómo se administran los recursos públicos y qué lugar ocupa la producción dentro de la agenda política del distrito. Porque cuando el principal motor económico de una región pierde competitividad por falta de infraestructura, ya no se trata de un problema sectorial: se convierte en un desafío para toda la comunidad.