Fitosanitarios: el agro impulsa una ley nacional para unificar las normas de aplicación

El sector agropecuario volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con una ley nacional que establezca criterios únicos para la aplicación de fitosanitarios en todo el país. El planteo surgió durante un encuentro entre legisladores nacionales, especialistas y representantes de distintas instituciones vinculadas a la producción, quienes coincidieron en que la actual dispersión normativa genera incertidumbre y conflictos.

Durante la reunión del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) se analizó el impacto de las diferentes regulaciones vigentes en provincias y municipios. Según se expuso, luego de más de veinte años de ordenanzas locales, leyes provinciales y fallos judiciales con criterios diversos, el sector enfrenta un escenario de escasa previsibilidad para productores, aplicadores y autoridades.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la presentación del proyecto de ley de presupuestos mínimos elaborado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA). La iniciativa propone establecer zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias definidas sobre la base de estudios técnico-científicos, además de fijar responsabilidades para cada etapa de la aplicación, fortalecer la capacitación de los operarios e incorporar nuevas herramientas de control, como monitoreo remoto, sistemas de trazabilidad, «cajas negras» y la figura del veedor.

Los especialistas también señalaron que la Argentina presenta una gran diversidad de restricciones según la jurisdicción y advirtieron que, en algunos casos, las distancias de exclusión son considerablemente mayores que las aplicadas en otros países, lo que deriva en frecuentes conflictos judiciales.

Durante la jornada se difundieron además estimaciones sobre el impacto productivo de las restricciones vigentes. De acuerdo con los datos presentados, algunas medidas cautelares podrían afectar hasta el 40% de la superficie destinada a actividades agropecuarias, comprometiendo producciones estratégicas como carne vacuna, leche, papa, maíz y trigo.

Como conclusión, los participantes coincidieron en que resulta necesario avanzar hacia una legislación nacional que establezca reglas claras, aporte previsibilidad y permita unificar criterios en todo el territorio argentino. También remarcaron que cualquier regulación debe contemplar el respaldo científico, la protección de la salud y del ambiente, la capacitación permanente de los aplicadores y la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas.

Para los referentes presentes, el desafío trasciende al sector productivo. Consideran que el debate sobre los fitosanitarios involucra también aspectos vinculados con la salud pública, la seguridad alimentaria, la economía y la necesidad de mejorar la comunicación con la sociedad, apoyando las decisiones en evidencia científica y sistemas de control eficientes.