RETENCIONES: EL CAMPO FRENTE A LA HOJA DE RUTA DEL PRESUPUESTO 2027
Hay un dato del proyecto de Presupuesto 2027 que merece una lectura política, pero también una lectura profundamente productiva: el Gobierno proyecta recaudar un 41,3% más en derechos de exportación, aun cuando las alícuotas de las principales producciones agrícolas seguirán bajando de manera gradual.
La pregunta aparece casi naturalmente: ¿cómo se explica que bajen las retenciones y, al mismo tiempo, aumente fuertemente la recaudación por ese concepto?
La respuesta oficial está en el crecimiento esperado de la economía, de las exportaciones y del volumen de producción y comercialización. El Gobierno proyecta un crecimiento económico del 4% para 2027, una inflación del 18% y exportaciones de bienes cercanas a los 134.000 millones de dólares.
Es decir, la apuesta oficial parece ser sencilla de entender: menos porcentaje sobre cada operación, pero una mayor actividad económica y exportadora que permita recaudar más.
Y ahí aparece nuevamente el campo.
EL CAMPO COMO GENERADOR DE RECURSOS
El sector agropecuario conoce perfectamente esta ecuación. Produce, invierte, exporta y genera los dólares que necesita la economía argentina. Pero también sabe que las retenciones no son un impuesto neutro.
Cuando sube el precio internacional, cuando aumenta el volumen cosechado o cuando mejora la productividad, una parte de esa mejora queda en manos del Estado a través de los derechos de exportación.
De acuerdo con estimaciones difundidas por entidades y organismos vinculados al sector, el agro representa alrededor del 90% de la recaudación por este impuesto.
Por eso, para el productor, la discusión no pasa solamente por cuánto baja una retención, sino por cuánto queda finalmente en el resultado de una campaña.
Porque sembrar no es solamente sembrar.
Es comprar semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustible, contratar servicios, afrontar alquileres, pagar salarios, financiar capital de trabajo y asumir el riesgo climático.
Y después de todo eso aparece el Estado.
UNA BAJA QUE EL CAMPO VALORA, PERO CON RECLAMOS
El Gobierno ya estableció un cronograma de reducción progresiva de los derechos de exportación para soja, maíz, sorgo y girasol, que se extenderá hasta 2028. En el caso de la soja, la alícuota llegará al 15% en diciembre de 2028.
Desde la mirada oficial, esto forma parte de un camino hacia una menor presión tributaria y una mayor competitividad de las cadenas agroindustriales.
Desde el campo, en cambio, el reclamo histórico sigue siendo otro: que las retenciones desaparezcan.
Y aquí aparece una cuestión política que seguramente estará presente durante el debate parlamentario del Presupuesto: ¿la reducción gradual es el destino final o es solamente una etapa?
Porque para buena parte de los productores, la discusión no termina cuando la soja baja del 24 al 21% o cuando finalmente llega al 15%.
La discusión de fondo es si un país que necesita producir y exportar puede sostener indefinidamente un impuesto que grava directamente la producción exportable.
EL DATO QUE LLAMA LA ATENCIÓN
El proyecto presupuestario estima que los derechos de exportación pasarán de representar aproximadamente el 0,75% del PBI en 2026 al 0,85% en 2027. La recaudación proyectada aumenta significativamente en términos nominales.
Esto no significa que el Gobierno esté aumentando las alícuotas.
Es importante aclararlo.
El aumento de la recaudación proyectada no equivale a una suba de las retenciones. El Ejecutivo está calculando que habrá mayor actividad, mayores exportaciones y una base tributaria más grande aun con porcentajes inferiores.
Pero desde el punto de vista del productor, el número igualmente tiene importancia.
Porque significa que el campo continuará siendo uno de los grandes aportantes al financiamiento del Estado nacional.
Y EL CLIMA TAMBIÉN ENTRA EN EL PRESUPUESTO
Hay otro reconocimiento importante en el proyecto oficial.
El Gobierno admite que uno de los riesgos para las cuentas públicas es un shock climático, particularmente una sequía, debido al peso que tiene el agro sobre la actividad económica y la recaudación.
También contempla escenarios negativos para el precio internacional de la soja.
Esto tiene una lectura muy concreta.
Cuando el campo produce bien, exporta más y aporta más recursos.
Cuando llega una sequía, cae la producción, disminuyen las exportaciones, ingresan menos dólares y también cae la recaudación.
Por eso, el riesgo agropecuario termina siendo también un riesgo fiscal para el Estado.
Y quizás ahí esté una de las claves del debate que viene.
¿QUÉ OPINA EL CAMPO?
El campo reconoce las reducciones ya implementadas y el cronograma establecido hasta 2028. La baja mejora, en principio, la ecuación económica y la competitividad exportadora.
Pero el reclamo de fondo continúa siendo la eliminación de las retenciones y una estructura tributaria que permita planificar inversiones a largo plazo.
La Bolsa de Comercio de Rosario viene mostrando, además, que la menor alícuota puede convivir con una recaudación elevada cuando existe mayor volumen exportado. Para 2026, por ejemplo, estimó que las seis principales cadenas agrícolas aportarían unos 4.613 millones de dólares en derechos de exportación.
Entonces, quizás el verdadero desafío sea encontrar el punto de equilibrio.
Que el Estado recaude sin desalentar al que produce.
Que la Argentina pueda financiar sus cuentas públicas sin convertir al productor en la variable de ajuste.
Y que cada reducción impositiva se traduzca efectivamente en más inversión, más tecnología, más producción y más exportaciones.
UNA DISCUSIÓN QUE RECIÉN COMIENZA
El Presupuesto 2027 plantea una hoja de ruta.
El Gobierno apuesta a crecimiento, menor inflación, aumento de exportaciones y reducción gradual de impuestos a las exportaciones agropecuarias.
El campo, mientras tanto, mira los números de otra manera.
Mira el costo de producir.
Mira el precio de los granos.
Mira el dólar.
Mira el clima.
Mira el alquiler.
Mira el combustible.
Mira los fertilizantes.
Y finalmente mira cuánto queda.
Porque en el campo, como en cualquier actividad productiva, no se vive de facturación: se vive de rentabilidad.
Y esa será, probablemente, una de las grandes discusiones económicas de los próximos años: si la Argentina consigue transformar una menor presión tributaria en mayor producción, o si el Estado continuará dependiendo de una actividad que reclama, desde hace años, dejar atrás definitivamente las retenciones.
