CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales cuestionaron la decisión del Ministerio de Transporte de establecer una suba del 16% en las tarifas de referencia. Las organizaciones habían propuesto un incremento inicial del 8,3%, con posibilidad de llevarlo al 11,5%, y calificaron la resolución provincial como arbitraria.
La actualización de las tarifas de referencia para el transporte de granos en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto entre las entidades agropecuarias y el Gobierno provincial.
El rechazo fue expresado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales, luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense resolviera establecer, mediante un laudo, un incremento del 16% en los valores orientativos de los fletes.
La decisión se tomó después de que fracasaran las negociaciones desarrolladas en el ámbito de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro, donde participaron representantes de transportistas, productores, acopiadores y otros sectores vinculados con la actividad.
Durante las conversaciones, las entidades que representan a los dadores de carga habían planteado inicialmente una actualización del 8,3%, de acuerdo con sus cálculos sobre la evolución de los costos. Posteriormente, mostraron disposición para elevar la propuesta hasta el 11,5% sobre las tarifas vigentes entre abril y octubre.
Sin embargo, el Gobierno provincial terminó estableciendo un aumento del 16%, porcentaje que superó incluso el 15% solicitado por las representaciones del transporte.
Cuestionamientos a la decisión provincial
Las tres organizaciones consideraron que la resolución representa un antecedente preocupante para el funcionamiento de la mesa de negociación, que históricamente fue el ámbito institucional para discutir y acordar las tarifas orientativas del transporte de granos.
En su comunicado conjunto, cuestionaron que el Ministerio haya establecido un porcentaje superior al reclamado por los transportistas con el argumento de evitar posibles conflictos y medidas de fuerza.
Las entidades sostuvieron que este mecanismo termina debilitando el diálogo entre los distintos sectores y deja como antecedente que la presión puede obtener mejores resultados que la negociación institucional.
También calificaron el laudo como arbitrario y dejaron constancia formal de su rechazo en el acta de la reunión.
La respuesta del Gobierno bonaerense
Desde el Ministerio de Transporte defendieron la resolución y señalaron que la decisión se adoptó dentro de las facultades legales del organismo, teniendo en cuenta los estudios técnicos y los costos presentados por los diferentes sectores.
Además, remarcaron que el porcentaje establecido fue inferior a los valores que surgían de los trabajos técnicos presentados por las entidades transportistas y que las tarifas continúan siendo orientativas, por lo que las condiciones comerciales pueden acordarse libremente entre las partes.
