La investigadora se presentará este lunes junto a su abogado y una escribana para formalizar la entrega de la llave de su oficina. Mientras tanto, prepara una presentación administrativa para intentar revertir la decisión del organismo.
La situación de Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumó un nuevo capítulo tras la decisión de las autoridades de hacer efectiva su exoneración y exigirle que deje de concurrir a la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, donde desarrolló más de veinte años de actividad científica.
Luego de haber continuado asistiendo a su lugar de trabajo durante la semana pasada, la investigadora fue notificada el viernes 30 de octubre por autoridades del organismo, quienes le comunicaron que debía abandonar las instalaciones en cumplimiento de la Resolución 366/2026 del Consejo Directivo del INTA.
Frente a esta situación, Aparicio anunció que este lunes 2 de noviembre, a las 9:30, regresará al establecimiento acompañada por su abogado y una escribana contratada por el gremio APINTA. El objetivo será dejar constancia formal de la entrega de la llave y retirar sus pertenencias personales.
La investigadora manifestó su disconformidad con la medida y sostiene que todavía cuenta con el plazo legal para presentar un recurso de reconsideración. Su defensa buscará que las autoridades revisen la sanción y, en caso de no obtener una respuesta favorable, no descarta avanzar por la vía judicial.
EL CONFLICTO POR EL PROYECTO SPRINT
El caso tiene su origen en la participación de Aparicio en el Proyecto SPRINT, una iniciativa internacional impulsada por universidades europeas y financiada por la Unión Europea, destinada a estudiar la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y en distintos organismos.
La investigadora se desempeñó como coordinadora nacional del proyecto desde su incorporación en 2020. Sin embargo, las diferencias con la conducción del INTA comenzaron a profundizarse en 2023, cuando el organismo decidió discontinuar su participación y cuestionó que determinadas actividades se hubieran desarrollado fuera del marco de las autorizaciones institucionales.
El Consejo Directivo resolvió finalmente aplicar la sanción de exoneración, luego de un procedimiento administrativo que se extendió durante varios años.
UNA DESPEDIDA Y EL RECLAMO POR SU FUTURO PROFESIONAL
En una carta pública, Aparicio expresó el dolor que le provocó tener que abandonar el lugar donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. También manifestó su preocupación por la situación de los institutos de investigación, la pérdida de personal y las dificultades que atraviesa el sistema científico.
La investigadora aseguró que continuará defendiendo sus derechos y que su intención es regresar al INTA para seguir investigando, formando estudiantes y aportando conocimientos a la sociedad.
De esta manera, el conflicto abre una nueva instancia administrativa y eventualmente judicial, mientras la decisión de exoneración continúa generando repercusiones en el ámbito científico y entre los trabajadores del organismo.
