Subió la presión impositiva sobre el campo: el Estado se queda con $63,60 de cada $100 que genera una hectárea
El campo argentino vuelve a estar en el centro del debate económico nacional: la presión impositiva sobre la producción agrícola alcanzó un nuevo récord, con una carga que representa el 63,6% del ingreso bruto que genera una hectárea promedio. Esto significa que de cada $100 que produce una hectárea cultivada, $63,60 se los lleva el Estado en forma de impuestos, mientras que apenas queda un 9,8% como ganancia para el productor.
El dato se desprende de un informe técnico que analiza el impacto de los tributos nacionales, provinciales y municipales sobre los principales cultivos del país. La situación no solo pone en evidencia el peso que tiene el Estado sobre el motor económico del interior productivo, sino que también revela un patrón que limita la inversión, desalienta la innovación y condiciona la competitividad del agro argentino a nivel internacional.
Un esquema de costos desequilibrado
La producción agrícola, antes de arrojar una mínima rentabilidad, debe atravesar un proceso cada vez más complejo y costoso. Los productores deben enfrentar una larga lista de gastos para poder sembrar y cosechar: semillas, fertilizantes, fitosanitarios, sueldos, maquinaria, combustibles, fletes, seguros, mantenimiento e infraestructura. En muchos casos, el productor ni siquiera es propietario del campo que trabaja: debe alquilarlo.
Según el estudio, del total de lo generado por cada hectárea:
- El 26,6% se destina al pago del alquiler de la tierra (a propietarios o inversores rurales),
- El 9,8% representa la ganancia neta del productor,
- Y un aplastante 63,6% corresponde al pago de impuestos en sus distintos niveles.
Este esquema evidencia un desequilibrio que no solo afecta la rentabilidad del productor, sino también la sustentabilidad del sistema agroindustrial a mediano y largo plazo.
Trigo, el más castigado: hasta un 78,2% de carga impositiva
El informe discrimina el peso de los tributos según el cultivo:
- Trigo: 78,2%
- Soja: 65,9%
- Girasol: 63,2%
- Maíz: 53,4%
El caso del trigo es especialmente alarmante: casi ocho de cada diez pesos que genera la hectárea son absorbidos por el Estado. Esto no solo reduce la rentabilidad, sino que también impacta en las decisiones de siembra y rotación, afectando al conjunto del sistema productivo.
¿A dónde va el dinero de los impuestos?
Del total de tributos que se recaudan por cada hectárea agrícola:
- Un 63,8% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, recursos que no vuelven a las provincias ni a los municipios donde se genera la riqueza.
- Un 28,4% corresponde a impuestos nacionales coparticipables.
- Apenas un 6,8% son tributos provinciales, mientras que solo un 1% lo recaudan los municipios.
Esta composición revela que el grueso de los impuestos termina en manos del Estado nacional, generando un importante centralismo fiscal. Mientras tanto, las provincias productoras ven cómo su infraestructura rural se deteriora, sus caminos quedan intransitables y sus servicios básicos sin mejoras sustanciales, a pesar de ser los generadores del ingreso bruto.
Preocupación y advertencias del sector rural
Dirigentes del agro y técnicos especializados advierten que el actual nivel de presión impositiva “es insostenible” y que está “ahogando a los productores, especialmente a los pequeños y medianos”.
Desde las entidades rurales se reclama con fuerza una reforma fiscal integral que:
- Reduzca la carga sobre el interior productivo,
- Elimine o reduzca retenciones,
- Y aumente la participación de las provincias y municipios en los recursos generados.
También se hace hincapié en la necesidad de incentivar la inversión, la innovación tecnológica y la sustentabilidad, cuestiones que hoy se ven postergadas por la falta de margen económico en el sector.
Un país que necesita producir
El campo sigue siendo uno de los motores fundamentales de la economía argentina, aportando divisas, empleo y actividad económica en vastas regiones del país. Pero la asfixia impositiva y la falta de políticas de incentivo amenazan con paralizar su potencial.
“La producción no puede seguir siendo vista como una fuente de recaudación inmediata. Necesitamos un Estado que acompañe, no que castigue”, es una de las frases que resumen el sentir generalizado entre los productores.
En un contexto donde la inflación, la incertidumbre económica y la sequía han golpeado fuerte en los últimos años, el campo argentino pide aire. Y más que eso: pide reglas claras, previsibilidad y un trato fiscal más justo.
