El INTA bajo la lupa: el DNU 462/2025, la pérdida de representación privada y la incertidumbre en la Chacra de Barrow
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creado hace casi 70 años para liderar la investigación, la extensión y la transferencia de tecnología en el agro argentino, atraviesa hoy uno de los momentos más delicados de su historia. La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025, firmado por el presidente Javier Milei, marca un antes y un después en la estructura del organismo y profundiza un proceso de cambios que, según advierten técnicos y productores, amenaza con desarticular su esencia federal y participativa.
Un DNU que cambia las reglas de juego
El DNU 462/2025 establece una reforma integral en la gobernanza y funcionamiento del INTA, bajo el argumento de “modernizar y hacer más eficiente la gestión de los recursos públicos”. Entre las medidas más relevantes se encuentra la reconfiguración del Consejo Directivo, que pasa a concentrar la mayoría de las decisiones estratégicas en manos de representantes del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía, reduciendo drásticamente los lugares que históricamente ocupaban los sectores productivos privados, las cooperativas y las entidades rurales.
En la práctica, esta modificación implica que productores, cooperativas y asociaciones rurales pierdan gran parte de su voz y voto en la definición de políticas de investigación y extensión, un esquema que durante décadas garantizó que las líneas de trabajo del INTA respondieran a demandas concretas del territorio.
Ajuste presupuestario y achicamiento operativo
Además del rediseño institucional, el DNU refuerza un sendero de ajuste presupuestario que ya se venía implementando. En nombre de la austeridad fiscal, se recortaron partidas operativas clave, se congelaron nuevas incorporaciones de personal y se promovieron retiros voluntarios para reducir la planta de investigadores y técnicos.
El impacto se siente en las más de 50 estaciones experimentales y cientos de agencias de extensión que el INTA tiene distribuidas a lo largo y ancho del país. Equipos de trabajo diezmados, laboratorios sin insumos y campos experimentales que no pueden sostener ensayos básicos pintan un panorama preocupante para un organismo que supo ser modelo regional.
El caso Barrow: un laboratorio vivo en jaque
La Chacra Experimental Integrada Barrow, ubicada entre Tres Arroyos y Necochea, es uno de los símbolos de este deterioro. Reconocida por sus investigaciones en cultivos de invierno —trigo y cebada principalmente— y por ser un centro de transferencia tecnológica para la región sudeste bonaerense, Barrow enfrenta hoy una parálisis creciente.
Productores de la zona denuncian que ensayos de nuevas variedades, monitoreos de plagas y capacitaciones técnicas fueron suspendidos por falta de fondos, combustibles y recursos humanos. El retiro de personal experimentado, que no es reemplazado por nuevas incorporaciones, y la incertidumbre sobre la continuidad de los convenios con municipios y cooperativas amenazan con desactivar décadas de trabajo conjunto.
“El productor chico o mediano se queda sin respaldo técnico para tomar decisiones clave. El INTA era el que nos decía qué variedad probar, qué dosis usar o cómo manejar una plaga nueva. Hoy todo eso está en riesgo”, afirma un productor de Tres Arroyos, que resume la preocupación de muchos en la región.
Un debate de fondo: eficiencia o desmantelamiento
Para el gobierno, el DNU 462/2025 representa una herramienta para “racionalizar gastos”, “evitar superposiciones” y “alinear al INTA con los lineamientos de modernización del Estado”. Sin embargo, referentes del sector agropecuario y del ámbito académico alertan que la pérdida de la representación plural y el achicamiento de la estructura técnica podrían traducirse en un retroceso estratégico.
“El INTA no es solo gasto, es inversión. Cada peso que se pone ahí se multiplica en productividad, innovación y generación de divisas”, señalan desde distintas entidades rurales. La pregunta que se abre es si el nuevo modelo prioriza la eficiencia o, en la práctica, avanza hacia un vaciamiento que obligará a los productores a depender exclusivamente de consultorías privadas y grandes empresas proveedoras de tecnología.
¿Qué sigue?
Mientras tanto, sindicatos de trabajadores del INTA y agrupaciones de productores ya preparan reclamos y acciones judiciales para frenar algunos puntos del DNU. En paralelo, se organizan reuniones regionales para visibilizar la situación de cada estación experimental y exigir que se garantice la continuidad de los servicios de investigación y extensión.
En lugares como Barrow, la comunidad local se moviliza para defender un espacio que, más allá de la investigación, forma parte de la identidad productiva y social de la región.
Conclusión
El DNU 462/2025 abre un debate profundo sobre qué Estado necesita la Argentina agropecuaria. Para algunos, la reforma es un paso necesario para terminar con estructuras “pesadas e ineficientes”. Para otros, es un golpe mortal a uno de los engranajes más importantes del desarrollo productivo nacional.
Mientras la discusión sigue en los pasillos de Buenos Aires, en los lotes del sudeste bonaerense la pregunta es más simple y urgente: ¿quién va a estar ahí cuando un productor necesite ayuda para decidir qué, cómo y cuándo producir?
