Cierre de Vialidad: el 52% de las rutas están en mal estado y demandarán millones de dólares en reparación

El reciente cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) encendió una nueva alarma sobre el estado de la infraestructura vial de Argentina. Según datos oficiales y estimaciones del sector, más de la mitad de la red de rutas nacionales —unos 40.000 kilómetros— presentan distintos grados de deterioro y necesitarán una inversión millonaria para su reparación y mantenimiento.

La decisión del Gobierno de disolver Vialidad Nacional y transferir su estructura y funciones a otras dependencias del Ministerio de Economía forma parte de un plan más amplio para avanzar hacia la privatización de la gestión de rutas, con concesiones a empresas privadas y sistemas de peajes como principal herramienta de financiamiento. Sin embargo, ingenieros viales, gremios y especialistas advierten que la medida podría agravar la situación de abandono en muchas zonas clave del país.

Un diagnóstico preocupante
Un relevamiento interno de la DNV, difundido antes de su cierre, indica que el 52% de las rutas nacionales pavimentadas muestran baches, deformaciones, fisuras y pérdida de capa asfáltica. Las regiones más afectadas son el norte del país —donde la combinación de lluvias intensas y falta de mantenimiento aceleran el deterioro— y corredores estratégicos como la Ruta Nacional 3, la Ruta 34 y la 38.

Los cálculos preliminares sugieren que se necesitarían entre 3.000 y 4.500 millones de dólares solo para poner en condiciones adecuadas la red vial existente. A esto se suman obras clave de ampliación, repavimentación y construcción de nuevas autopistas, muchas de ellas licitadas y paralizadas o en riesgo de quedar inconclusas.

Impacto en el transporte y la producción
El mal estado de las rutas impacta de forma directa en la seguridad vial —más del 80% de los siniestros de tránsito ocurren en rutas y caminos deteriorados— y en los costos logísticos de la producción agropecuaria e industrial. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), los problemas de infraestructura suman hasta un 30% de sobrecosto logístico por demoras, rotura de vehículos y desvíos de recorridos.

En provincias productoras como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, rutas clave para la salida de granos y mercaderías hacia los puertos se encuentran entre las más castigadas. En zonas turísticas, la falta de mantenimiento pone en riesgo la conectividad y la llegada de visitantes, afectando economías regionales.

Privatización y peajes: ¿la solución?
Desde el Gobierno nacional se argumenta que el déficit fiscal obliga a repensar el esquema de financiamiento de la red vial. Bajo esta premisa, se busca atraer capitales privados para la operación, mantenimiento y ampliación de rutas a cambio de concesiones de largo plazo, con sistemas de peaje que garanticen ingresos constantes a las empresas adjudicatarias.

Este modelo no es nuevo: ya se aplicó en la década de 1990 y generó resultados dispares. Si bien permitió obras de infraestructura en corredores troncales, en muchos casos se cuestionaron los elevados costos de los peajes, la falta de obras comprometidas y la ausencia de controles estrictos del Estado.

En paralelo, sindicatos del sector advierten por la pérdida de miles de puestos de trabajo directos y indirectos vinculados a Vialidad, además de la posible discontinuidad de obras y la precarización de tareas de mantenimiento que, hasta ahora, estaban bajo la órbita estatal.

Qué puede pasar de ahora en más
Los expertos coinciden en que sin un plan de transición ordenado, la red vial podría enfrentar un deterioro aún mayor en los próximos meses. La falta de fondos para reparaciones urgentes y la parálisis de contratos licitados generan incertidumbre en las provincias, que ya reclaman asistencia para mantener rutas nacionales que atraviesan sus territorios.

Mientras tanto, empresarios del transporte, productores y cámaras industriales piden definiciones rápidas y garantías de que las nuevas concesiones incluyan mecanismos de control de calidad y tarifas accesibles, sin trasladar todo el costo a usuarios y transportistas.

En un contexto económico complejo, la infraestructura vial se convierte en un eslabón crítico para sostener la competitividad y evitar accidentes. La pregunta clave es si el modelo de privatización planteado podrá revertir años de deterioro o si profundizará los problemas de conectividad que afectan a gran parte del territorio argentino.