TRANSPORTE EN CRISIS: CUANDO LOS NÚMEROS NO CIERRAN, EL CONFLICTO AVANZA

El conflicto en el transporte de cargas no es una sorpresa. Es, en realidad, la consecuencia lógica de una ecuación que hace tiempo dejó de cerrar. Con cada aumento del combustible, el sistema se tensiona un poco más, hasta que finalmente se rompe. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder en la provincia de Buenos Aires.

El fracaso de la última reunión de la Comisión Asesora del Transporte del Agro expone con crudeza una realidad: no hay consenso posible cuando los costos avanzan más rápido que las decisiones. Ni los transportistas pueden sostener tarifas desactualizadas, ni los productores están dispuestos —o en condiciones— de absorber incrementos que también golpean su propia rentabilidad.

La declaración de alerta y movilización de la CATAC no hace más que formalizar un malestar que ya estaba en las rutas. Las protestas autoconvocadas, los cortes parciales y las asambleas reflejan un clima que va en ascenso y que, de no encauzarse, puede derivar en un problema mayor: la interrupción de la cadena de suministros.

El planteo del sector transportista es claro y difícil de refutar. Según la FATRAC, los costos aumentaron más de un 15% en apenas un mes. Pretender que esa suba no tenga un correlato en las tarifas es, en los hechos, trasladar la pérdida a quienes trabajan en la logística diaria del país.

Pero del otro lado también hay límites. Los productores, representados por CARBAP, advierten que las tarifas reales ya están por debajo de lo acordado y que seguir incrementándolas podría afectar aún más la competitividad del agro. En el medio, los acopiadores intentan ganar tiempo con propuestas intermedias que, por ahora, no alcanzan.

Lo que queda en evidencia es la ausencia de una política clara y sostenida para un sector estratégico. No se trata solo de discutir porcentajes, sino de establecer reglas previsibles en un contexto económico volátil. Sin esa previsibilidad, cada negociación se convierte en un conflicto y cada aumento en una amenaza.

En este escenario, el conflicto ya tiene expresión concreta en el interior productivo. En Quequén, transportistas de cereales realizaron una asamblea este martes al mediodía en la intersección de la ruta 227 y la avenida de Circunvalación. Allí, tras escuchar el informe de Miguel Aguilar —titular de ATCADE— se resolvió continuar con el paro de actividades y mantener reuniones en distintos accesos de localidades bonaerenses. La decisión refleja que el malestar dejó de ser advertencia para transformarse en acción.

La situación local es apenas un anticipo de lo que puede expandirse a nivel provincial. Cuando el interior productivo se detiene, las consecuencias no tardan en llegar a toda la economía.

El desafío es urgente. No alcanza con diagnosticar el problema ni con postergar decisiones. Si no se logra un acuerdo que contemple la realidad de todos los actores, el costo no será solo sectorial: lo pagará toda la sociedad, en forma de desabastecimiento, aumentos y mayor incertidumbre.

Porque cuando el transporte se frena, el país también.