EDITORIAL | TARIFAS QUE NO CIERRAN, CONFLICTO QUE ESCALA

La postal se repite, pero cada vez con mayor crudeza: camiones detenidos a la vera de las rutas, puertos tensionados y una negociación que vuelve a fracasar. Esta vez, tras más de siete horas de discusión en La Plata, el resultado fue el mismo que en encuentros anteriores: no hubo acuerdo y el conflicto por la tarifa de referencia del transporte de granos en la provincia de Buenos Aires se profundiza.

El eje de la disputa no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. Mientras los acopiadores estiraron su առաջարկa hasta el 14%, desde el campo —con CARBAP como actor central— sostienen que cualquier ajuste debe absorberse dentro de los márgenes actuales. Del otro lado, los transportistas consideran que ambas posturas están lejos de la realidad económica que enfrentan. Y no es una exageración: con subas del gasoil que rondan entre el 20% y el 22% en apenas semanas, cualquier número por debajo de ese umbral se vuelve, directamente, inviable.

El problema de fondo es claro: el sistema de negociación llegó a un punto de agotamiento. Los acuerdos se firman tarde, se actualizan mal y pierden vigencia en cuestión de semanas. Lo ocurrido en febrero, con un incremento del 12% que rápidamente quedó desfasado, es la prueba más reciente de un esquema que no logra adaptarse a una economía en permanente aceleración.

En este escenario, la irrupción de los transportistas autoconvocados agrega un nuevo nivel de presión. Con reclamos más duros —que en algunos casos alcanzan el 40%— y una creciente capacidad de movilización, empiezan a marcar el pulso real del conflicto. Ya no se trata solo de mesas técnicas o negociaciones institucionales: el termómetro está en las rutas.

Y allí, uno de los epicentros es Puerto de Quequén. La imagen de cientos de camiones apostados en sus accesos no solo refleja el malestar del sector, sino también el riesgo concreto de que la cadena agroexportadora se vea seriamente afectada en plena cosecha gruesa. No es un dato menor: por esa zona circulan miles de camiones diariamente, y cualquier interrupción prolongada impacta directamente en la economía regional y nacional.

El testimonio de los transportistas es contundente. Hablan de trabajar a pérdida, de no poder afrontar reparaciones básicas, de una actividad que dejó de ser sustentable. Cuando un trabajador afirma que le conviene más quedarse detenido que salir a operar, el problema ya dejó de ser sectorial para convertirse en estructural.

A esto se suma un elemento clave: la ausencia de un mecanismo automático de actualización. La desregulación dejó librado al mercado un sistema que, en contextos de alta volatilidad, termina generando conflictos recurrentes. La propuesta de volver a atar las tarifas al precio del combustible —aunque hoy parezca lejana— aparece como una alternativa que, al menos, merece ser discutida.

El conflicto, además, ya trascendió las fronteras bonaerenses. Con focos activos en provincias como Santa Fe, Córdoba y La Pampa, lo que está en juego no es solo una tarifa, sino el funcionamiento de toda una cadena productiva.

Sin acuerdos en la mesa, con protestas en expansión y con la cosecha avanzando, el tiempo empieza a jugar en contra. La pregunta ya no es si habrá un nuevo encuentro, sino si el sistema actual tiene capacidad real de ofrecer una solución.

Porque cuando las tarifas no cierran, lo que se abre es un conflicto que —como ya se ve en las rutas— no tiene freno fácil.