AVANZA LA VENTA DE TIERRAS DEL INTA: PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DEL SISTEMA AGROPECUARIO
El Gobierno argentino avanza con un proceso de venta de tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el marco de un plan de reestructuración más amplio que ya comenzó a materializarse con los primeros desprendimientos de campos experimentales.
Según distintas fuentes del sector, la iniciativa contempla la desafectación y posterior subasta de superficies que históricamente estuvieron destinadas a investigación, extensión rural y desarrollo tecnológico, pilares fundamentales del organismo.
En ese contexto, ya se habilitó la subasta de un predio de más de 30 hectáreas ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires, marcando el primer paso concreto de este proceso. El terreno, situado entre los partidos de Ituzaingó y Hurlingham, formaba parte de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA.
La medida se inscribe dentro de un plan impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que busca avanzar con la venta de tierras públicas consideradas “no estratégicas” o susceptibles de generar ingresos para el Estado.
El pasado 30 de marzo, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, firmó la resolución de no objeción que habilita la desafectación del inmueble donde funcionaba la estación experimental del Área Metropolitana.
Sin embargo, el alcance del plan podría ser mucho mayor. Estimaciones preliminares indican que el programa en estudio podría abarcar hasta 42.000 hectáreas distribuidas en distintas regiones del país, muchas de ellas vinculadas a estaciones experimentales y actividades consideradas estratégicas para el desarrollo agropecuario.
La decisión se da en paralelo a otras medidas dentro del organismo, como el cierre de agencias de extensión rural y la reconfiguración de su estructura operativa, en línea con una política de ajuste y reducción del Estado.
Desde sectores técnicos, académicos y políticos comenzaron a surgir fuertes advertencias: sostienen que la venta de estos activos no solo implica una pérdida de patrimonio público, sino también un posible debilitamiento de las capacidades del INTA en investigación aplicada y transferencia tecnológica hacia los productores.
El INTA es un organismo clave para el desarrollo del agro argentino, con presencia territorial en todo el país a través de estaciones experimentales y agencias de extensión que trabajan en innovación, mejora de la productividad y fortalecimiento del arraigo rural.
El avance de este proceso abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro del sistema científico-tecnológico agropecuario y su rol en el desarrollo productivo nacional, en medio de un debate que combina la eficiencia del gasto público, el uso del patrimonio estatal y el modelo de desarrollo para el campo argentino.
