La Mesa de Enlace defendió el nuevo proceso para oficializar aumentos salariales ruales.

Las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), salieron a responder las críticas vinculadas a la demora en la homologación del último acuerdo salarial del sector rural y defendieron el nuevo esquema administrativo establecido tras la reforma laboral.

A través de un comunicado conjunto, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederación Argentina de la Mediana Empresa destacaron la homologación del acuerdo salarial para el personal permanente de prestación continua del Régimen de Trabajo Agrario, alcanzado a fines de marzo.

El pronunciamiento surgió luego de que el titular de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, José Voytenco, cuestionara públicamente a la Secretaría de Trabajo por una supuesta demora de 45 días en la oficialización del convenio.

Si bien las entidades reconocieron que el trámite demandó más tiempo que en ocasiones anteriores, señalaron que esto responde al nuevo mecanismo establecido tras la reforma laboral aprobada mediante la Ley 27.802. Según explicaron, antes los aumentos salariales se formalizaban mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), mientras que ahora deben canalizarse bajo el régimen de negociación colectiva de la Ley 14.250, con posterior homologación de la Secretaría de Trabajo.

“El cambio normativo implicó una adecuación formal de los procedimientos que naturalmente requirió tiempos adicionales de tramitación”, remarcaron desde la Mesa de Enlace, al tiempo que valoraron “la celeridad y el trabajo técnico” realizado tanto por la CNTA como por la Secretaría de Trabajo para arribar a la oficialización del acuerdo.

Las entidades rurales insistieron en que la nueva modalidad implica “una dinámica procedimental distinta” a la aplicada históricamente en el sector agrario y sostuvieron que la transición hacia el nuevo régimen requiere adecuaciones técnicas y administrativas de todas las partes involucradas.

Finalmente, ratificaron su compromiso de continuar participando en negociaciones “responsables”, orientadas a sostener el empleo formal, la producción y la paz social en el ámbito rural.