CUANDO EL AGUA AVANZA, LAS PRIORIDADES TAMBIÉN DEBEN CAMBIAR
Desde esta columna venimos señalando que el riesgo climático dejó de ser una amenaza eventual para convertirse en una realidad concreta que pone a prueba, cada vez con mayor frecuencia, la capacidad de respuesta del Estado. Cuando las lluvias extraordinarias llegan, cuando los canales desbordan y cuando el agua comienza a avanzar sobre los campos, las consecuencias no entienden de límites administrativos ni de partidas presupuestarias.
En ese contexto aparece ahora una iniciativa que merece ser analizada con atención.
Los senadores bonaerenses de Unión y Libertad, Sergio Vargas y Silvana Ventura, presentaron un proyecto en la Legislatura provincial que propone autorizar a los municipios a disponer, de manera indistinta, de hasta el 100% de los fondos coparticipados o transferidos destinados al mantenimiento de la red vial rural —provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural— para ejecutar obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico.
La propuesta no modifica el esquema de distribución del impuesto. Actualmente, de acuerdo con el régimen de descentralización administrativa tributaria establecido por la Ley 13.010, el 20% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural llega a los municipios y debe destinarse al mantenimiento de los caminos rurales. El 65% corresponde a la Provincia, mientras que el 12% se dirige al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales y el 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental.
Lo que se plantea es otra cosa: otorgarles a los municipios mayor flexibilidad para decidir dónde utilizar esos recursos cuando la emergencia hídrica así lo requiera.
Y aquí aparece una discusión que va mucho más allá de una cuestión presupuestaria.
¿De qué sirve tener un camino rural en condiciones si el agua no encuentra por dónde salir? ¿De qué sirve reparar una traza que volverá a quedar inutilizada después de la próxima lluvia extraordinaria?
La realidad del territorio obliga a mirar el problema de manera integral. Camino rural y sistema hídrico son dos caras de una misma infraestructura productiva.
El productor necesita sacar su cosecha, ingresar insumos, trasladar hacienda, recibir servicios y mantener conectada su explotación con los pueblos y las rutas. Pero para que ese camino pueda cumplir su función, primero debe existir un sistema de drenaje capaz de conducir el agua.
Los propios impulsores de la iniciativa sostienen que es necesario dotar a los intendentes de herramientas que les permitan reaccionar con mayor rapidez frente a eventos climáticos severos. La lógica es sencilla: cuando la emergencia llega, la burocracia no puede convertirse en otro obstáculo.
Porque el agua no espera una licitación.
El agua no espera una partida presupuestaria.
El agua no espera los tiempos administrativos.
Y tampoco espera que las distintas jurisdicciones terminen de ponerse de acuerdo.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia frente a los escenarios climáticos que se vienen planteando para la región y ante la posibilidad de períodos de precipitaciones extraordinarias asociados al fenómeno de El Niño. Si las advertencias climáticas son tomadas en serio, la prevención debería comenzar antes de que el agua llegue y no después de que los caminos, los campos y las alcantarillas ya estén bajo el agua.
En paralelo, senadores del bloque Hechos impulsaron otra iniciativa para reclamar la realización y finalización de obras hídricas, la transferencia de fondos nacionales destinados a infraestructura y una estrategia de prevención coordinada, en línea con mecanismos como los que desarrolla la Agencia Federal de Emergencias.
Son señales diferentes, pero apuntan hacia una misma conclusión: el problema hídrico ya no puede ser tratado como una cuestión secundaria.
La Argentina productiva necesita caminos, pero también necesita canales. Necesita alcantarillas, reservorios, obras de defensa y sistemas de drenaje. Y necesita, fundamentalmente, una política de prevención que permita actuar antes de que la emergencia se transforme en desastre.
La Provincia de Buenos Aires tiene una enorme extensión rural y una economía profundamente vinculada con la producción agropecuaria. No alcanza con reparar el daño después de cada inundación. Hay que cambiar la lógica: pasar de la emergencia permanente a la prevención permanente.
Por eso, la propuesta de flexibilizar el destino de los recursos destinados a los caminos rurales merece ser discutida sin prejuicios.
No se trata de elegir entre caminos o agua.
Se trata de entender que, sin una adecuada gestión del agua, tampoco habrá caminos rurales que puedan sostenerse.
Y mientras la Legislatura bonaerense vuelve a sesionar después de una actividad parlamentaria particularmente limitada durante este año, el territorio continúa enfrentando sus propios tiempos.
Los productores no pueden esperar a que la política encuentre el momento adecuado.
Cuando el agua avanza, las prioridades también tienen que cambiar. Porque prevenir una inundación siempre será mucho más barato —económica y socialmente— que reconstruir después de que el agua se haya llevado todo.
