Mesa de Enlace: un nuevo liderazgo que busca redefinir la relación con el Gobierno
La renovación casi simultánea en tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace abrió un capítulo inédito para la dirigencia del agro. Andrea Sarnari revalidó su mandato en Federación Agraria Argentina (FAA), mientras que Carlos Castagnani en CRA y Lucas Magnano en Coninagro hicieron lo propio esta semana. Junto con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), integran ahora una cúpula que carga con la memoria del conflicto de 2008, pero que transita una etapa distinta: la construcción de alianzas estables con el Gobierno, aun en un contexto marcado por tensiones y necesidades urgentes.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las entidades del campo encontraron una sintonía pocas veces vista con el Poder Ejecutivo. Los roces existieron —el intento de subir retenciones en diciembre de 2023, la rebaja posterior seguida de una suspensión fugaz, o el aprovechamiento de esa ventana que terminó generando más de US$7000 millones en plena crisis cambiaria—, pero también hubo señales claras: simplificación de trámites, desburocratización, alivio parcial de la presión impositiva y reactivación de espacios formales de diálogo.
Sin embargo, hay un punto neurálgico que sigue sin resolverse: la falta de una hoja de ruta concreta para la eliminación de las retenciones. Dentro del sector lo reconocen con crudeza: “el problema son los tiempos”. Para el Gobierno, la cuestión es fiscal; para los productores, es de supervivencia. La tensión entre ambas miradas determina buena parte del clima actual.
Aun así, la dinámica interna cambió. Dirigentes con vasta experiencia gremial admiten que, con la actual administración, los reclamos fluyen con mayor rapidez y encuentran mesas donde ser escuchados, aunque no siempre con resultados inmediatos. Esta semana, por caso, se reactivó el Consejo Consultivo del Senasa, ámbito clave para discutir políticas sanitarias de manera federal.
Pero el diálogo no elimina las diferencias. El Gobierno avanzó a contramano de la postura de los productores patagónicos al flexibilizar la barrera sanitaria; aceleró la identificación electrónica del ganado pese a pedidos de gradualidad; y no dio marcha atrás tras la frustrada reforma del INTA. A esto se suma un malestar latente: la crítica situación por las inundaciones en el centro-oeste bonaerense, vigente desde marzo, recién obtuvo respuesta oficial en los últimos días. Y sobre el tablero apareció otro conflicto: la decisión del gobierno bonaerense de aplicar un 25% adicional en el Inmobiliario Rural, que motivó una reacción inmediata de Carbap.
En este contexto, algunas entidades ajustaron su estrategia. CRA redobló su tradicional despliegue territorial: en lo que va del año, sus dirigentes recorrieron más de 50 exposiciones, acompañaron a federaciones provinciales y mantuvieron contacto directo con productores. El objetivo es claro: legitimar su representación a través de una presencia real y constante en cada región del país.
Quienes observan la interna de la Mesa de Enlace coinciden en que hoy predomina un discurso orientado a ofrecer al Gobierno un “modelo de desarrollo” compartido, más que limitarse a la protesta. La apuesta es posicionarse como actores con propuestas concretas y participar de la agenda legislativa que se viene. No es menor: el recambio del Congreso abre expectativas sobre reformas impositivas y laborales que el campo busca influir desde el primer minuto.
En definitiva, la dirigencia rural atraviesa una etapa de redefinición. Sin abandonar la defensa firme de los intereses productivos, apunta a convertirse en un actor político más estratégico: con mayor incidencia, más presencia territorial y mayor capacidad para construir acuerdos duraderos. El interrogante es si el Gobierno transformará ese diálogo en medidas concretas y si el sector logrará incidir en una agenda que, por ahora, mantiene más interrogantes que certezas
