La Tasa del Metano y la vieja grieta entre el campo y la política
La propuesta de la diputada bonaerense Lucía Klug para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano (Tamba) volvió a encender una disputa que parecía latente pero nunca resuelta: el choque entre la agenda ambiental del kirchnerismo y la realidad productiva del campo argentino. La iniciativa, que busca gravar las emisiones de metano generadas por los bovinos, fue suficiente para que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) respondiera con un comunicado tan contundente como previsible.
Para la entidad, la discusión ni siquiera merece entrar al plano ambiental. CRA lo plantea como otro capítulo de un conflicto estructural: funcionarios que, según el agro, legislan desde el desconocimiento y la distancia con la producción real. Con una frase que ya hizo ruido —“cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”— la gremial empresaria se alineó con Carbap y le dio un carácter político al debate.
El comunicado fue directo: la ganadería argentina no solo no es el problema, sino que es parte de la solución, al alimentar al mundo, generar empleo y sostener economías regionales. Cualquier intento de sumar una nueva carga impositiva se interpreta, casi automáticamente, como un castigo a la actividad que ya opera bajo una presión fiscal que el sector considera asfixiante.
Lo más cuestionado por CRA no fue el espíritu ambiental del proyecto, sino su ausencia de sustento técnico. Señala que la diputada impulsa una herramienta fiscal “sin aportar ninguna solución seria o viable”, y que la creación del fondo fiduciario para compensar emisiones —destinado a la gestión de residuos urbanos— es una idea “desconectada de la realidad del campo y de la ciencia”. En otras palabras: el instrumento no resuelve el problema que dice atacar.
El título que sobrevuela la discusión quedó plasmado en el propio comunicado:
Tasa al metano: tras el proyecto de Klug, CRA publicó un duro pronunciamiento y la tensión con el campo se vuelve a encender.
La organización pide políticas que impulsen la producción, no que la compliquen. Reivindica a los dirigentes que acompañan al sector y se distancia de quienes, según su lectura, “construyen liderazgo a fuerza de ocurrencias”. Y cierra con una definición política sin matices: “CRA va a seguir defendiendo la producción, el trabajo y la gente que sostiene al país frente a políticas que buscan frenar y castigar a quienes producen”.
La discusión recién comienza. La agenda ambiental global presiona, la necesidad fiscal de la provincia también, y el agro está cada vez menos dispuesto a tolerar iniciativas que considera improvisadas. En las próximas semanas se verá si la TAMBA es un debate serio o apenas otro chispazo en un conflicto que, desde hace décadas, sigue atrapado en el mismo dilema: cómo conciliar producción, impuestos y sustentabilidad sin que cada propuesta se convierta en una batalla ideológica.
