Editorial | Retenciones: un giro inesperado que reabre un debate eterno
La sorpresiva decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de aplicar una nueva baja en las retenciones a los granos volvió a sacudir el tablero político y económico en plena discusión presupuestaria. En un contexto donde nadie esperaba cambios tributarios relevantes, el anuncio terminó operando como un fuerte gesto político hacia el sector agropecuario y, a la vez, como una jugada arriesgada para las cuentas públicas.
La medida reduce entre 1 y 2 puntos las alícuotas de los principales cultivos. En soja, eje recaudatorio histórico del Estado, el poroto baja del 26% al 24%, y los subproductos del 24,5% al 22,5%. Trigo y cebada retroceden de 9,5% a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y el girasol de 5,5% a 4,5%. El impacto es relevante: cada punto menos en soja representa un reintegro aproximado de 4,3 dólares por tonelada. En una cosecha normal de 50 millones de toneladas, la transferencia al sector supera los 500 millones de dólares.
Caputo buscó atemperar el entusiasmo: “El camino siempre será el de bajar impuestos, pero cuidando el equilibrio fiscal”. Sin embargo, la contundencia de la medida revela otra cosa: el Gobierno decidió sostener su narrativa pro-campo aun cuando el Presupuesto 2026 plantea una mejora en la recaudación que ahora difícilmente se concrete. No es casual que la baja aparezca en medio de negociaciones tensas con la oposición en el Congreso.
El trasfondo político es innegable. Tras la fallida “eliminación por 24 horas” de las retenciones de septiembre —una jugada vista por muchos productores como una maniobra para forzar ventas y sumar divisas— la Casa Rosada intenta recomponer confianza con uno de los sectores más dinámicos y, a la vez, más sensibles del país. Con este nuevo recorte, el gobierno de Milei acumula una reducción de nueve puntos porcentuales sobre la soja desde diciembre.
El campo respondió con entusiasmo. Las cadenas agroindustriales, las Bolsas de Cereales, las entidades de la mesa de enlace y las cámaras aceiteras coincidieron en que se trata de un paso “coherente” y “positivo”, celebrando que el Gobierno mantenga un rumbo claro hacia la eliminación definitiva del impuesto más resistido por el sector. No obstante, casi todas remarcan que el camino aún es largo: piden reforma laboral, alivio tributario provincial y municipal, infraestructura y mayor acceso al crédito para los productores chicos.
La lectura más profunda del anuncio remite a un viejo debate argentino: ¿es posible bajar impuestos y sostener el equilibrio fiscal simultáneamente? ¿Puede el país prescindir de un tributo distorsivo pero a la vez estratégico para la recaudación? El Gobierno insiste en que sí, siempre que la economía acelere su recuperación y la agroindustria se convierta en el gran motor exportador que promete ser. La oposición, en cambio, observa con recelo un recorte que no figura en el Presupuesto y que podría tensionar aún más la discusión legislativa.
Lo cierto es que, más allá de celebraciones y reparos, la señal existe. La baja de retenciones reaviva la expectativa de un cambio estructural en la relación del Estado con el sector agropecuario. Falta saber si se trata de un paso firme hacia un esquema tributario más racional o de un nuevo capítulo de un péndulo que la Argentina no logra estabilizar. Por ahora, es una apuesta económica y un mensaje político. Como siempre, el tiempo dirá si se convierte en una política de Estado o si quedará en otra jugada aislada en un país acostumbrado a anunciar más de lo que sostiene.
