Puerto Quequén: acuerdo tarifario, alivio inmediato y una lección pendiente
Tras más de dos semanas de tensión, cortes en la logística y un impacto directo sobre la actividad exportadora, el conflicto por la tarifa del transporte de granos encontró finalmente un punto de equilibrio. El acuerdo alcanzado este viernes en el ámbito del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén no solo destraba la coyuntura, sino que deja al descubierto las debilidades estructurales de un sistema que, cada cierto tiempo, vuelve a crujir.
La actualización del 16% en la tarifa para el hinterland —atada al incremento del costo del gasoil— y la reducción de los gastos administrativos del 5% al 2% conforman un esquema que, en principio, logra recomponer ingresos sin trasladar de manera desmedida el peso al resto de la cadena. No hubo ganadores absolutos, pero sí una señal clara: el equilibrio es posible cuando las partes se sientan a negociar con voluntad política y urgencia económica.
La reunión, que se extendió por más de cinco horas, reunió a actores clave del entramado productivo y logístico. Desde el transporte, con la representación de Miguel Aguilar (ATCADE), hasta el sector agropecuario —con presencia de Coninagro, la Sociedad Rural de Necochea y el Centro de Acopiadores—, pasando por funcionarios provinciales como Miguel Ángel Bettili en nombre del ministro Martín Marinucci, y autoridades portuarias encabezadas por Mariano Carrillo y Gustavo Gavilán. También participó la diputada provincial Jimena López, en un gesto que evidencia la dimensión política que había adquirido el conflicto.
Pero mientras dentro del Consorcio se negociaba, afuera la presión era palpable. Transportistas autoconvocados, junto a organizaciones sindicales como UATRE, SUPA y Aceiteros —integrantes de la Mesa Sindical de Quequén— acompañaban el reclamo, marcando el pulso de una actividad paralizada y de una cadena que no podía seguir esperando.
El dato más relevante, sin embargo, no está en el porcentaje acordado sino en la creación de una mesa tarifaria local. La incorporación de una universidad —aún a definir— para elaborar un índice mensual de costos del transporte introduce un elemento técnico y permanente que podría evitar, o al menos amortiguar, futuros conflictos. Es, en esencia, un intento de institucionalizar lo que hasta ahora se resolvía a los empujones: la actualización de tarifas en función de variables objetivas.
La normalización del ingreso de camiones y la reactivación de la operatoria en Puerto Quequén traen alivio inmediato a productores, exportadores y trabajadores. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. Porque si algo dejó en evidencia este conflicto es que la previsibilidad sigue siendo una deuda pendiente en la logística agroexportadora.
El acuerdo cierra una crisis, pero abre una pregunta: ¿será esta vez el inicio de un esquema más estable o apenas un paréntesis hasta el próximo conflicto?
