Editorial | Un acuerdo necesario para recuperar previsibilidad en Puerto Quequén
La firma del acta acuerdo en el ámbito del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén no es un hecho menor. Llega después de semanas de tensión que expusieron, una vez más, la fragilidad estructural del sistema de transporte de granos en la región. Pero, sobre todo, marca un intento concreto de pasar del conflicto recurrente a un esquema con reglas más claras.
El nuevo cuadro tarifario, con una actualización del 16% para toda el área de influencia, funciona como punto de partida. Sin embargo, lo verdaderamente relevante del acuerdo no está solo en el número, sino en las condiciones que lo rodean. Porque si algo dejó en evidencia el conflicto es que la discusión tarifaria, sin parámetros objetivos, tiende a repetirse cíclicamente.
Un acuerdo que fija reglas
El acta incorpora elementos que buscan ordenar la actividad más allá de la coyuntura inmediata. Entre ellos, la decisión de avanzar en un estudio de costos con respaldo académico de la Universidad Nacional del Centro aparece como uno de los puntos más significativos. No se trata solo de medir costos, sino de construir una referencia técnica que permita discutir tarifas con datos y no únicamente con posiciones sectoriales.
A esto se suma el establecimiento de un tope del 2% para gastos administrativos, un aspecto que, aunque pueda parecer menor, apunta a transparentar y limitar sobrecostos que muchas veces generan fricciones dentro del sistema.
También se acordaron pautas para el funcionamiento de las playas de camiones, un nodo crítico en la logística portuaria que suele convertirse en foco de conflictos cuando la operatoria se desordena.
La foto política y sectorial del consenso
El documento fue rubricado por un amplio abanico de actores: desde la diputada nacional María Jimena López hasta el director provincial de cargas Miguel Ángel Bettili, pasando por autoridades portuarias, representantes de transportistas, acopiadores, cooperativas y sindicatos.
Desde el transporte, con la representación de Miguel Aguilar (ATCADE), hasta el sector agropecuario —con presencia de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, la Sociedad Rural de Necochea y el Centro de Acopiadores de Cereales—, el acuerdo también contó con autoridades portuarias encabezadas por Mariano Carrillo, presidente interino del ente, y Gustavo Gavilán, gerente operativo.
La amplitud de la convocatoria refleja el alcance del entendimiento. Esa diversidad no es un detalle protocolar. Es, en todo caso, la condición indispensable para que el acuerdo tenga chances reales de sostenerse en el tiempo. Sin consenso amplio, cualquier esquema tarifario queda expuesto a una rápida erosión.
Voluntad de acuerdo y respaldo del sector
Desde el entorno de la negociación se destacó la predisposición de todas las partes. Y a ese clima de entendimiento se sumó el respaldo institucional de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales, que celebró el acuerdo alcanzado.
La entidad agradeció especialmente al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y a la Cooperativa Agropecuaria General Necochea por haber liderado las negociaciones, destacando que el entendimiento permitirá retomar el normal funcionamiento del puerto tras varias semanas de inactividad.
Lo que viene: de la firma a la ejecución
El resultado concreto fue un incremento del 16% sobre la tarifa vigente, homologada por la Mesa Asesora de Cargas bonaerense. Un número que, sin conformar plenamente a nadie, logró destrabar lo esencial: que los camiones vuelvan a circular y que el puerto recupere ritmo. En conflictos de esta naturaleza, el equilibrio no se mide en satisfacción, sino en funcionalidad.
Pero el acuerdo no se agota en el porcentaje. Hay señales que, leídas con atención, marcan un cambio de enfoque. Por un lado, el reclamo de los transportistas sobre los gastos administrativos —con el pedido de que no superen el 2%— introduce un debate de fondo: no solo cuánto se paga, sino cómo se distribuyen los costos dentro de la cadena.
Por otro, aparece una novedad relevante: el financiamiento de un estudio de costos tarifarios avalado por la Universidad Nacional del Centro. En un sector donde las discusiones suelen escalar por falta de referencias objetivas, incorporar una base técnica puede ser el primer paso hacia reglas más estables. No garantiza consensos, pero sí eleva la calidad del debate.
También hubo gestos puntuales que ayudaron a cerrar la negociación, como la decisión de las playas de estacionamiento de Sitio 0 y Quetrans de no trasladar el aumento en la misma proporción. Son concesiones específicas, pero clave en escenarios donde cada punto porcentual puede tensar o destrabar una mesa.
Ahora bien, conviene no confundir el desenlace con una solución estructural. Lo ocurrido en Puerto Quequén expone una dinámica que se repite: conflictos cíclicos, negociaciones al límite y acuerdos que llegan cuando el sistema ya está al borde de la parálisis. La creación de herramientas técnicas y mesas más institucionalizadas puede ayudar a romper ese patrón, pero requerirá constancia y voluntad política sostenida.
El puerto vuelve a moverse. Los camiones regresan. La cadena respira. Pero la verdadera prueba recién empieza: sostener en el tiempo un equilibrio que, hasta ahora, siempre fue transitorio.
