CAMINOS RURALES: ENTRE EL ABANDONO Y LA REBELIÓN LEGAL

El calendario no falla: con las primeras lluvias otoñales, los caminos rurales vuelven a convertirse en el termómetro más crudo de una deuda estructural que arrastran los municipios del interior bonaerense. Lo que debería ser infraestructura básica para sostener la producción, el arraigo y la conectividad, termina expuesto como una de las falencias más persistentes —y, para muchos, más injustificables— de la gestión pública local.

En el sudeste de la provincia, el malestar ya no se limita a la queja repetida ni al reclamo sectorial. Empieza a tomar forma una estrategia más contundente: la judicialización. El asesoramiento del abogado Jorge Moroni, con antecedentes en litigios similares, no es un dato menor. Marca un punto de inflexión. Donde antes hubo resignación o negociaciones estériles, ahora aparece la decisión de exigir respuestas por la vía legal.

El diagnóstico es conocido, pero no por eso menos grave. Las entidades rurales, nucleadas en Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, han trazado un “mapa de calor” que expone con claridad una región partida en tres: municipios con gestión aceptable, otros con falencias pero diálogo, y finalmente aquellos donde el abandono es evidente. En este último grupo, nombres como Necochea, General Pueyrredón o General Alvarado no solo reflejan una problemática técnica, sino también política: la falta de planificación, de transparencia y, sobre todo, de voluntad.

El eje del conflicto es tan simple como contundente: la tasa vial. Un tributo que los productores pagan —muchas veces con cifras millonarias— bajo la premisa de recibir un servicio que, en numerosos casos, no se presta o se presta de manera deficiente. Aquí es donde la discusión deja de ser sectorial para convertirse en institucional. La Constitución es clara: toda tasa debe implicar una contraprestación. Cuando esto no ocurre, el sistema deja de ser un mecanismo de financiamiento legítimo para transformarse en una carga arbitraria.

Los antecedentes en distritos como Henderson, Daireaux, Azul o Baradero demuestran que el camino judicial, aunque largo, puede ser efectivo. No solo por los fallos favorables, sino porque introduce un elemento que muchas veces falta en la política local: control. Control sobre el destino de los recursos, sobre la eficiencia del gasto y sobre la responsabilidad de los funcionarios.

Pero el problema no se agota en los caminos. La persistencia de tributos obsoletos, como la tasa de guías ganaderas —superada en la práctica por el sistema del documento de tránsito electrónico (DT-e) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria—, evidencia una inercia fiscal difícil de justificar. Se sigue cobrando por servicios que ya no existen o que han sido reemplazados por sistemas más modernos, lo que alimenta la percepción de que el campo es visto únicamente como una fuente de recursos.

En este contexto, el llamado a “despertar a los intendentes del letargo” no suena exagerado. Es, en todo caso, una advertencia. Porque cuando el diálogo se agota y la presión fiscal se mantiene, el conflicto escala. Y cuando escala, cambia de terreno: deja de ser político para volverse judicial.

El desafío, entonces, es doble. Para los municipios, implica recuperar credibilidad, transparentar el uso de los fondos y garantizar servicios acordes a lo que se cobra. Para el sector rural, supone sostener la organización y avanzar con firmeza, pero también con responsabilidad, en los reclamos.

Los caminos rurales, al fin y al cabo, no son solo trazas de tierra. Son arterias productivas, sociales y económicas. Cuando se deterioran, no solo se encarece la producción: se resiente toda una región. Y cuando quienes deben mantenerlos no responden, el barro deja de ser solo un problema físico para convertirse en símbolo de algo más profundo: el desgaste de un contrato básico entre el Estado y la comunidad.