Rechazo al decreto vial: advierten por “ilegalidad” y riesgo de peajes como impuesto encubierto
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) manifestó su rechazo al decreto del Poder Ejecutivo que impulsa la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante peaje directo. La entidad calificó la medida como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”.
Según el organismo, la iniciativa carece de una ley formal que la respalde, lo que —sostiene— contradice el artículo 75 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad exclusiva de establecer contribuciones. En ese sentido, advirtió que el esquema implicaría imponer una carga económica sin base legal.
Además, Conaduv cuestionó la ausencia de una transferencia presupuestaria para acompañar el traspaso de las rutas. A su entender, esto debilita el federalismo al trasladar responsabilidades a las provincias sin asignarles los recursos necesarios.
Peajes en debate
Uno de los principales puntos de conflicto es el uso del peaje como mecanismo de financiamiento. La entidad sostuvo que, en las condiciones planteadas, el cobro no cumple con los requisitos de una tasa —como la existencia de una contraprestación efectiva— y que, por lo tanto, funcionaría como “un impuesto encubierto”.
También alertó sobre una posible “doble imposición”, al señalar que los usuarios ya aportan a través del impuesto a los combustibles, cuyos fondos —denuncian— no se destinan plenamente al mantenimiento de la red vial.
En ese marco, la organización advirtió sobre eventuales impactos negativos en la seguridad vial, la logística y las economías regionales, al considerar que el sistema de peajes directos no garantiza mejoras en la infraestructura ni una reducción de los costos de transporte.
Finalmente, Conaduv señaló que la medida podría afectar derechos constitucionales como la libre circulación y la propiedad, y reclamó la elaboración de un plan vial integral a nivel nacional. En esa línea, propuso utilizar los recursos ya existentes y fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo rector de la política de infraestructura.
