Tasa portuaria: un fallo que vuelve a poner en debate quién paga el costo de la actividad de Puerto Quequén
La Justicia volvió a poner en escena una discusión central para Necochea: cómo se distribuyen los costos que genera la actividad portuaria y quién debe asumir el mantenimiento de la infraestructura vial utilizada intensivamente por el transporte de cargas.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar al recurso presentado por la Municipalidad de Necochea y revocó la medida cautelar que había frenado la aplicación de la denominada Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial a las principales terminales de Puerto Quequén.
El fallo representa un respaldo judicial para el Municipio, que había apelado la cautelar dictada en diciembre de 2025. Para la Cámara, no quedó acreditada la existencia de un perjuicio concreto e inminente que justificara mantener una medida de semejante alcance. Las empresas involucradas tampoco habían recibido, según el fallo, una determinación tributaria definitiva, una deuda exigible, una sanción firme ni un juicio de apremio.
Pero más allá de la cuestión estrictamente judicial, el tema plantea una discusión de fondo que Necochea no debería esquivar.
Puerto Quequén es uno de los principales motores económicos del distrito. Genera empleo, movimiento comercial, inversiones y actividad para una amplia cadena de empresas y trabajadores. Su crecimiento es fundamental para el desarrollo regional y nadie puede desconocer su importancia estratégica.
Al mismo tiempo, esa actividad tiene un impacto directo sobre la infraestructura pública. El ingreso y egreso permanente de camiones implica una utilización intensiva de calles, accesos y caminos que requieren mantenimiento, reparación y mejorado.
El propio intendente Arturo Rojas recordó que se estima que más de 300.000 camiones ingresan anualmente a Puerto Quequén. Ese volumen permite dimensionar el desafío que enfrenta la infraestructura vial local.
La discusión, entonces, no debería reducirse simplemente a “tasa sí” o “tasa no”. La verdadera pregunta es cómo establecer un mecanismo razonable, transparente y jurídicamente sólido para que quienes participan de una actividad que utiliza intensivamente determinados servicios e infraestructura también contribuyan a sostenerlos.
Porque tampoco sería justo que el costo de una actividad económica de escala regional recaiga exclusivamente sobre los vecinos de Necochea, que además deben afrontar las necesidades cotidianas de mantenimiento de toda la red vial municipal.
Por supuesto, también corresponde exigir al Estado municipal eficiencia, transparencia y una utilización específica de los recursos. Si se cobra una tasa vinculada al mantenimiento diferenciado de la red vial, la comunidad tiene derecho a saber cuánto se recauda, dónde se invierte y cuáles son los resultados concretos.
El fallo de la Cámara no cierra la discusión. Por el contrario, abre una nueva etapa en la que Municipio, terminales portuarias y actores productivos deberán continuar dando el debate dentro del marco institucional y judicial correspondiente.
Puerto Quequén necesita crecer. Necochea necesita que ese crecimiento genere desarrollo. Pero también necesita que ese desarrollo sea acompañado por infraestructura acorde y por un esquema en el que los beneficios y los costos de la actividad sean distribuidos de manera razonable.
La cuestión de fondo es sencilla, aunque no necesariamente fácil de resolver: si el puerto es de todos, también debería ser responsabilidad de todos —en la medida que corresponda— sostener las condiciones que permiten que funcione y siga creciendo.
