Editorial | Inundaciones en la cuenca del Salado: el costo de mirar para otro lado
Cerca de 2.000 millones de dólares podrían no ingresar a las cuentas nacionales en 2026 como consecuencia directa de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. No es un número antojadizo ni un pronóstico alarmista: surge de un informe exhaustivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), elaborado con imágenes satelitales del 11 al 13 de noviembre. Y expone, con crudeza, un escenario que el país no puede seguir ignorando.
La foto es contundente: de las 17 millones de hectáreas que integran la cuenca del río Salado, 2 millones están bajo el agua y 3.8 millones se encuentran afectadas. Afectadas significa, en palabras de la entidad, superficies donde la siembra ya no es viable: falta de piso, caminos intransitables, maquinaria que no puede ingresar y un sistema productivo paralizado. En los hechos: hectáreas que, este año, quedaron fuera del mapa agrícola.
Los distritos más comprometidos —entre ellos Bolívar, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Las Flores, Lincoln, Saladillo y Roque Pérez— representan un bloque de más de 4.5 millones de hectáreas, con 1.1 millones directamente anegadas. Es allí donde se juega buena parte del futuro productivo inmediato de la provincia y del país.
Una campaña que se escapa entre los dedos
La ventana para sembrar soja y maíz se cierra a paso acelerado. El riesgo de que enormes superficies queden improductivas ya no es hipotético: es un escenario más cerca de la confirmación que de la advertencia. Según Carbap, más de 1.5 millones de hectáreas agrícolas presentan un riesgo extremo de no producir este ciclo.
Y aquí aparece el número que desnuda el golpe económico:
si esa superficie hubiera podido sembrarse bajo una proporción 60% soja – 40% maíz, el país dejaría de recibir unos 2.000 millones de dólares en 2026. Un impacto directo en toda la cadena de pagos: productores, contratistas, transportistas, proveedores, comercios, pymes rurales y, en última instancia, los tres niveles del Estado.
Responsabilidades que se diluyen entre excusas
“Todos perdemos mientras las obras siguen sin aparecer”, afirma Carbap. Y la frase resume un problema que no es nuevo, pero que las inundaciones vuelven a poner en primer plano: la ausencia de infraestructura y planificación.
Los intendentes y la tasa vial que no vuelve a los caminos
Los municipios cobran una tasa vial “crecientemente onerosa”, guías de traslado e impuestos asociados al uso productivo del suelo. Sin embargo, una porción significativa de esos recursos —según denuncia la entidad— se desvía hacia otros gastos. El resultado: caminos rurales que colapsan al primer exceso de lluvia y dejan aislada a la producción.
La ley es clara: la tasa vial debe destinarse al mantenimiento de los caminos.
Si un municipio no puede hacerlo, debe transferir la tarea —y los fondos— a consorcios de productores. Pero esa lógica rara vez se cumple.
La Provincia y el eterno Plan Maestro del Salado
El otro gran ausente es el Plan Maestro del Salado, una obra estructural diseñada para reducir inundaciones y que permanece inconclusa desde hace una década. No es un detalle burocrático: es una deuda histórica cuyo incumplimiento cuesta miles de millones.
En ese marco, resulta difícil de justificar que el presupuesto 2026 proponga un aumento del 100% en el inmobiliario rural —equivalente a más de 70 millones de dólares adicionales— mientras asigna poco más de 4 millones de dólares a la continuidad del Plan.
La desproporción no solo es evidente: es políticamente indefendible.
El Estado nacional: el mayor recaudador de la cuenca
La cuenca del Salado no es un área marginal: produce el 25% de los granos del país y concentra el 28% del stock bovino nacional, lo que alimenta una recaudación de más de 1.000 millones de dólares anuales en retenciones desde hace más de veinte años. Ese flujo financiero, sin embargo, no regresa a la zona en forma de obras hidráulicas, infraestructura o mejoras en la competitividad.
Es decir: la región que más aporta es, al mismo tiempo, una de las más desprotegidas frente a fenómenos climáticos que se repiten cíclicamente.
Conclusión: un país que sigue pagando el costo de no hacer
La Argentina enfrenta una crisis productiva que ya no puede explicarse solo por la variabilidad climática. El problema es más profundo: es la inacción sostenida, la discontinuidad de políticas públicas, la falta de planificación territorial y la incapacidad de las autoridades de todos los niveles para resolver problemas estructurales que llevan décadas.
Los 2.000 millones de dólares que podrían perderse en 2026 no son solo una cifra alarmante: son la consecuencia directa de un sistema que posterga obras esenciales y administra recursos sin enfoque productivo.
La cuenca del Salado lo demuestra una vez más:
cuando se abandona la infraestructura, la naturaleza termina gobernando la economía.
