Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Bonaerense: un ajuste que vuelve a caer sobre el campo
La Legislatura bonaerense dio este martes un paso clave al avanzar con los dictámenes del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, habilitando una posible votación el próximo miércoles 26. Pero mientras el oficialismo busca acelerar el trámite, dos de las principales entidades rurales del país encendieron las alarmas: consideran que el paquete fiscal vuelve a cargar el peso del ajuste sobre la producción agropecuaria, un sector que arrastra años de adversidades climáticas y económicas.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las primeras en manifestar su preocupación. En un comunicado, alertó que el proyecto de Ley Fiscal enviado por el gobierno de Axel Kicillof introduce un “tratamiento vidrioso” respecto del Impuesto Inmobiliario Rural. El centro del reclamo apunta al Artículo 133, que otorga al Ejecutivo provincial la facultad de intervenir en las valuaciones sin mecanismos consensuados ni una hoja de ruta para el revalúo. La falta de consulta a instituciones locales —un proceso que en años anteriores existió— agrega un elemento de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad de los productores.
La SRA también rechazó el Artículo 167, que habilita a modificar durante el ejercicio las cuotas no vencidas del impuesto, decisión que complicaría de lleno la planificación financiera de los establecimientos agropecuarios. A esto se suma un esquema de bonificaciones con definiciones abiertas y sin porcentajes establecidos por ley, lo que refuerza la idea de un marco demasiado discrecional.
En paralelo, Carbap, entidad que representa a las rurales de Buenos Aires y La Pampa y forma parte de CRA, difundió un extenso análisis donde concluye que el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal proyectan un incremento general de la presión tributaria, más gravoso aún para los productores que lo aplicado en 2025. Según la entidad, la gestión provincial se aleja de un sistema equilibrado y previsible, y profundiza la carga impositiva sobre un sector que ya viene golpeado por tres años de sequía, inundaciones recientes, pérdida de capital productivo y una infraestructura rural deteriorada.
Carbap señaló que el Impuesto Inmobiliario y su complementario prevén aumentos cercanos al 120%, especialmente para las parcelas más chicas. Esto ocurre en un contexto donde en 2024 ya se había aplicado un incremento muy por encima de la inflación, sumado a una cuota adicional en 2024 y 2025 equivalente al 25% anual. También se rechazó nuevamente el Artículo 167 y la falta de contemplación del descuento del 20% para la Zona Sudoeste, un beneficio histórico por sus condiciones agroclimáticas adversas.
Respecto a Ingresos Brutos, Carbap cuestionó el tope propuesto para mantener la exención en 2026 —142,9 millones de pesos—, al considerarlo insuficiente debido a que el ajuste es apenas del 40% frente a una inflación acumulada muy superior. Para la entidad, el parámetro debería ser el que usa AFIP para MicroPyMEs agropecuarias, que permite una facturación de hasta 661 millones anuales. Con el criterio actual, advierten, miles de productores de escala chica quedarían alcanzados por un impuesto que históricamente buscó no penalizar su actividad.
Otro punto conflictivo es el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, conocido como el impuesto a la herencia. Para Carbap, las escalas propuestas “son irrisorias” y deberían ser eliminadas, ya que la recaudación provincial que genera —entre el 0,1% y 0,15% del total— resulta prácticamente insignificante frente al costo social y económico que implica para las familias productoras.
En línea con la SRA, Carbap advirtió que las emergencias amplias y genéricas otorgadas al Ejecutivo significan facultades extraordinarias que debilitan los controles institucionales y pueden derivar en decisiones discrecionales. Un mensaje claro: no se cuestiona la necesidad de recursos para el funcionamiento del Estado, sino la forma y el impacto desigual que el esquema propuesto tendría sobre el interior productivo bonaerense.
Un debate que define el modelo de provincia
El paquete fiscal que se discute en la Legislatura no es solo una cuestión técnica, sino un debate de fondo sobre qué tipo de estructura tributaria quiere construir la provincia. Para el gobierno, se trata de asegurar financiamiento en un contexto de restricciones. Para el campo, de evitar que un sector ya tensionado termine sosteniendo, una vez más, el grueso del esfuerzo.
La discusión recién comienza, pero el mensaje de las entidades es contundente: sin previsibilidad, sin diálogo y sin un esquema tributario razonable, la producción —motor histórico del interior bonaerense— corre riesgo de seguir perdiendo competitividad.
El miércoles 26, cuando las cámaras se dispongan a votar, no solo se definirá un Presupuesto: también se pondrá a prueba la capacidad del sistema político de escuchar a un sector que sostiene buena parte de la economía provincial.
