Editorial | El agro exige ser parte: una reforma laboral que no puede mirar hacia otro lado
En pleno debate por la Ley de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a poner un tema incómodo sobre la mesa: el campo no quiere quedar afuera. Y, desde su mirada, no debería. No por un gesto sectorialista, sino porque cualquier reforma laboral que pretenda ser integral difícilmente pueda ignorar al sector que, guste o no, sigue traccionando buena parte de la economía argentina.
El planteo llegó después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmara que el proyecto oficial contempla cambios para el régimen rural. Para la SRA, el mensaje es claro: si la reforma no incorpora un capítulo específico para el agro, será una reforma incompleta. Y esa advertencia no es nueva. La entidad asegura que ya participó de mesas técnicas con funcionarios y legisladores donde, según afirman, sus propuestas fueron bien recibidas y tienen chances de ser incluidas en el texto final que se discutirá en sesiones extraordinarias.
Detrás de este reclamo late un problema de larga data: aplicar normas diseñadas para un esquema urbano a un sector profundamente distinto, marcado por la estacionalidad, los ciclos climáticos y una diversidad geográfica que hace imposible uniformar situaciones. Esa desconexión histórica, advierte la Rural, genera distorsiones que alimentan la informalidad y encarecen la contratación, dos males estructurales del empleo rural.
En su documento, la entidad propone seis cambios centrales:
- eliminar la responsabilidad solidaria entre dueño de la tierra y arrendatario;
- suprimir la figura del trabajador permanente discontinuo;
- habilitar un período de prueba de ocho meses;
- avanzar hacia una negociación salarial bilateral entre gremio y Mesa de Enlace;
- crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones;
- y actualizar los créditos laborales de forma “razonable” para evitar fallos considerados desmedidos.
Para la SRA, estas medidas permitirían bajar la informalidad, dar previsibilidad y atraer inversiones en actividades donde la mano de obra fluctúa al ritmo de cada campaña. El mensaje es directo: mantener reglas desvinculadas de la realidad agropecuaria solo consolidará los problemas que se buscan resolver.
Mientras el oficialismo ajusta los últimos detalles de la reforma y el Congreso se prepara para una discusión áspera, el sector rural ya anticipó que no se correrá de la escena. Porque —como remarcan en su conducción— el agro no es un actor secundario, sino un motor que necesita un marco laboral a la altura de sus desafíos productivos.
En un país donde cada punto de crecimiento cuesta, escuchar o no estas advertencias no es un detalle técnico: puede marcar la diferencia entre una reforma que moderniza el sistema o una que vuelve a chocar contra los viejos errores. El reloj legislativo corre, y el campo quiere asegurarse de que esta vez no lo dejen mirando desde afuera.
