La baja de retenciones ya dejó un alivio de US$1950 millones, pero la presión fiscal sigue asfixiando a parte del campo
La política de reducción de retenciones impulsada por el Gobierno empieza a mostrar su impacto en números concretos. Según un informe del economista Franco Artusso, del Ieral-Fundación Mediterránea, en los últimos dos años el sector agropecuario recibió un alivio acumulado de US$1950 millones por la baja de alícuotas. Pero la mejora, aunque significativa, convive con un sistema tributario que sigue siendo considerado “excesivo y distorsivo”.
El dato que más interesa a los productores —la rentabilidad por hectárea— muestra avances claros. En la zona núcleo, un productor dueño de su campo mejora su margen neto en US$76 por hectárea, mientras que un arrendatario obtiene US$38 adicionales. En las zonas extrapampeanas, los dueños suman US$58 y los arrendatarios US$52 por hectárea.
Los cálculos parten de un modelo estándar: campos de 500 hectáreas, rotación 50% soja – 50% maíz y rendimientos promedio por región. La baja actual de retenciones —hoy entre 27% y 37% por debajo de las vigentes en 2023— explica la mejora directa en los números.
Sin embargo, el informe subraya que esta mejora parcial convive con un problema estructural. Aun después de las reducciones, la carga tributaria total sigue entre el 53% y el 73% en la zona núcleo, y entre un 67% y un 123% en áreas extrapampeanas. Este último valor —cuando supera el 100%— marca una frontera crítica: significa que la actividad puede volverse inviable, especialmente en zonas marginales donde los costos logísticos y los alquileres son más elevados.
Artusso sostiene que estas diferencias regionales refuerzan la necesidad de profundizar el proceso de reducción de impuestos. Un esquema más liviano, señala, podría permitir reactivar tierras hoy ociosas o de baja productividad y empujar la frontera agrícola hacia zonas donde los números ya no cierran.
El Ieral también proyectó el impacto sobre la recaudación futura. Con las nuevas alícuotas, los Derechos de Exportación (DEX) aportarían en 2026 unos US$5030 millones, frente a los casi US$7000 millones que hubieran ingresado con las tasas de 2023. Esa diferencia —los mencionados US$1950 millones— es el alivio fiscal acumulado para el sector. Solo la última baja representa US$520 millones menos en ingresos para el Estado.
Pero el economista introduce una advertencia clave: provincias y municipios podrían neutralizar parte del alivio si continúan aumentando sus propias tasas y alícuotas. Sin una coordinación tributaria nacional, afirma, cualquier mejora corre riesgo de desdibujarse. “Sin reglas claras y permanentes, y con medidas transitorias como las que se vieron este año, la capacidad de inducir inversión queda acotada”, señala.
En definitiva, el campo recibió un alivio concreto y mensurable. Pero el debate de fondo —la estructura fiscal que condiciona la competitividad y desalienta la inversión en vastas regiones del país— está lejos de cerrarse. El desafío, coinciden los analistas, será sostener y profundizar las señales que permitan transformar este alivio coyuntural en un cambio duradero.
