El campo volvió a golpear la puerta del Estado en medio de una crisis que ya no admite demoras
La reunión realizada este martes en el Concejo Deliberante de Necochea dejó mucho más que un reclamo sectorial. Expuso, una vez más, la creciente distancia entre las necesidades reales del interior productivo y la capacidad de respuesta política frente a una emergencia que se agrava con cada lluvia.
Más de veinte productores rurales llegaron hasta la comisión de Política Económica y Finanzas Públicas para plantear una situación límite: caminos destruidos, campos anegados, pérdidas económicas y una infraestructura rural que desde hace años muestra signos evidentes de abandono. Pero detrás de cada pedido técnico apareció también un fuerte mensaje político hacia la dirigencia local.
El reclamo central no fue solamente la declaración de la emergencia agropecuaria. El verdadero planteo apuntó a la falta de gestión, a la ausencia de planificación y al destino de los recursos que el propio sector aporta mediante la tasa rural. Los productores dejaron en claro que ya no alcanza con diagnósticos ni promesas: exigen decisiones concretas y una administración más eficiente de los fondos públicos.
En ese contexto, quedó nuevamente bajo la lupa la relación entre el sector agropecuario y el Ejecutivo municipal encabezado por Arturo Rojas. La imposibilidad de concretar una reunión directa con el intendente fue interpretada por muchos productores como una señal preocupante en medio de una de las crisis hídricas y viales más delicadas de los últimos años.
La frase del productor Gastón Fernández Palma sintetizó el clima del encuentro: el campo está dispuesto a acompañar, pero necesita ver voluntad política y acciones concretas. El mensaje hacia los concejales fue claro: si la dirigencia decide avanzar en soluciones reales, encontrará respaldo del sector productivo.
Aún más contundente fue la intervención de Marcelo West, productor de La Dulce, quien puso el foco sobre un tema históricamente sensible en el distrito: la utilización de la tasa rural. Su planteo dejó entrever un malestar profundo que atraviesa desde hace tiempo a buena parte del interior del partido, donde persiste la sensación de que el aporte económico del campo no vuelve en obras, maquinaria ni servicios acordes a las necesidades productivas.
La discusión, en definitiva, trasciende el estado de los caminos. Lo que quedó planteado en el Concejo es un debate político sobre prioridades, gestión y representación. Porque mientras el sector agropecuario continúa siendo uno de los principales motores económicos del distrito, muchos productores sienten que las respuestas del Estado siguen llegando tarde o resultan insuficientes frente a problemas estructurales que se repiten año tras año.
Desde el Legislativo, el concejal Juan Cerezuela reconoció la gravedad del escenario y habló de la necesidad de avanzar rápidamente en herramientas de asistencia. Sin embargo, el desafío político será mucho más profundo: reconstruir la confianza entre el Estado y el sector productivo, en un contexto donde el clima ya no perdona improvisaciones y donde el desgaste de la infraestructura rural amenaza directamente la competitividad y el desarrollo de toda la región.
La emergencia hídrica dejó al descubierto algo más que caminos cortados. Expuso el agotamiento de un modelo de administración que el interior productivo viene cuestionando desde hace años y que hoy, frente a una crisis de magnitud, parece haber llegado a un punto de inflexión.
