Ganadería: el Gobierno impulsa un diferimiento fiscal para aliviar la carga sobre el engorde
En medio de los reiterados reclamos del sector agropecuario por una reforma tributaria integral, el Gobierno nacional avanzó con una medida que busca aliviar la presión impositiva sobre la actividad ganadera. Se trata de un cambio incluido en la Ley de Modernización Laboral (27.802), que recupera un antiguo sistema de valuación de hacienda y permite diferir el pago del impuesto a las Ganancias.
La modificación quedó establecida en el artículo 193 de la norma, vigente desde abril, y beneficia principalmente a los establecimientos de invernada y engorde. A partir de ahora, la hacienda ya no deberá valuarse a precio de mercado al cierre del balance, sino mediante índices de relación contemplados en la histórica Ley 23.079.
Ese sistema, creado en 1984, establecía tablas de equivalencias entre distintas categorías de animales, tomando como referencia una “categoría base”, generalmente el novillo de 1 a 2 años. Con el paso del tiempo y la aplicación del impuesto a las Ganancias, ese mecanismo quedó desplazado por la obligación de valuar el stock a “precio de plaza menos gastos de venta”.
La consecuencia era que muchos productores debían tributar sobre una renta aún no percibida. Es decir, el simple aumento del peso del animal o una suba del precio de la hacienda generaban una mayor carga fiscal, pese a que el productor todavía no había vendido el ganado.
Con el nuevo esquema, el stock podrá valuarse según los valores fijados por las tablas impositivas, generalmente inferiores al precio de mercado. De esta manera, se reduce la base imponible y se posterga el pago del tributo hasta el momento efectivo de la venta.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron que la medida “alivia la carga impositiva de una producción de largo plazo y tan competitiva como es la ganadería”, al tiempo que señalaron que también permite que los productores puedan planificar animales más pesados sin condicionamientos fiscales derivados del cierre contable.
Si bien no implica una rebaja tributaria directa, el cambio representa un alivio financiero para el sector, en un contexto donde las entidades agropecuarias continúan reclamando una reforma más profunda que reduzca la presión impositiva sobre la producción.
