La disputa por Osprera disparó un nuevo frente de conflicto
La UATRE evalúa medidas gremiales ante la eliminación de adicionales salariales decidida por el interventor de la obra social del gremio rural.
La interna en la conducción de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó este viernes que se encuentra analizando la adopción de medidas gremiales en respuesta a la decisión del interventor de Osprera, designado por el Gobierno nacional, de eliminar adicionales salariales que percibían los trabajadores de la entidad.
Desde el gremio conducido por José Voytenco denunciaron que la medida afecta directamente los ingresos de cientos de empleados y fue adoptada de manera “unilateral y arbitraria”, sin consulta previa ni diálogo con las representaciones gremiales. «Estamos ante una provocación inaceptable que no solo vulnera derechos adquiridos, sino que además genera incertidumbre en un contexto económico ya de por sí complejo», señalaron voceros de la UATRE.
La intervención de Osprera fue dispuesta por el Gobierno nacional en 2023, en el marco de una serie de auditorías sobre obras sociales sindicales. Desde entonces, la relación entre la conducción del gremio rural y los responsables temporales de la obra social ha estado marcada por fricciones y denuncias cruzadas.
Según fuentes gremiales, los adicionales eliminados incluyen bonificaciones por antigüedad, presentismo y otras compensaciones que integraban la estructura salarial de los trabajadores de Osprera. La UATRE advirtió que de no revertirse la decisión, avanzará con un plan de lucha que podría incluir paros y movilizaciones en todo el país.
“Defenderemos cada derecho conquistado. No vamos a permitir que desde un escritorio se cercene el sustento de nuestras familias”, afirmó Voytenco en declaraciones a la prensa. Además, anticipó que el gremio ya inició acciones legales para revertir la resolución.
Mientras tanto, el conflicto amenaza con escalar y tensionar aún más la ya frágil relación entre el sindicato y las autoridades de la obra social, en un escenario en el que también se juega el control político y administrativo de una de las instituciones clave para los trabajadores del sector rural.
