Fuerte debate por el proyecto que propone gravar las emisiones de metano en la ganadería bonaerense
El debate sobre el impacto ambiental de la ganadería volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública tras la presentación de un proyecto de ley que propone aplicar una tasa a las emisiones de gases de efecto invernadero, con especial foco en los sistemas de engorde a corral.
La iniciativa —denominada Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba)— fue impulsada por la diputada provincial Lucía Klug, quien argumenta que la producción de metano derivada de la fermentación entérica y del estiércol bovino es “un problema serio” que el Estado debe abordar con políticas específicas. Según la legisladora, el proyecto no busca castigar a los productores, sino “instalar una política de vanguardia” que incentive la reducción de emisiones bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor.
Klug plantea que los establecimientos deberán presentar planes de mitigación, que podrían incluir cambios en la alimentación —privilegiando forrajes por sobre granos—, mejoras en el manejo del estiércol o incluso la reconversión de feedlots en plantas de biogás. Además, aclara que la tasa sería proporcional a la escala productiva y no afectaría de igual modo a pequeños criadores y grandes establecimientos.
Rechazo del sector feedlotero
La propuesta generó un rechazo inmediato en la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), que cuestionó de manera enfática el diagnóstico ambiental del proyecto. Para la entidad, la iniciativa “no constituye una medida ambiental seria” y se asemeja más a un mecanismo recaudatorio que a una política eficaz de mitigación climática.
Uno de los puntos centrales de la crítica es la supuesta equiparación entre el metano biogénico emitido por los bovinos y las emisiones de origen fósil. La CAF remarcó que el metano proveniente de los rumiantes forma parte del ciclo natural del carbono y no agrega carbono nuevo a la atmósfera, a diferencia del liberado por petróleo, gas o carbón.
El sector también cuestionó la aplicación de un impuesto uniforme por cantidad de cabezas, al considerar que “no refleja la realidad ambiental de cada sistema productivo” y desconoce conceptos como balance de emisiones, captura de carbono y huella ambiental. Desde la CAF aseguran que, bajo un manejo técnico adecuado, el feedlot puede incluso “reducir la huella relativa de la producción de carne” gracias a una mayor eficiencia, optimización de las dietas y reutilización de efluentes como fertilizante.
Un debate que trasciende lo ambiental
Aunque el proyecto se presenta como una política ambiental, los feedloteros advierten sobre sus posibles efectos productivos y sociales. Señalan que un nuevo impuesto elevaría los costos, afectaría la competitividad y podría trasladarse al consumidor, encareciendo el precio de la carne. También alertan sobre el impacto en el empleo rural y en las economías del interior.
A la vez, el sector considera “desproporcionado” el énfasis sobre la ganadería, cuando existen otras actividades de alto impacto —como el transporte, la industria y la gestión de residuos— que generan emisiones permanentes y de origen fósil.
Un conflicto en construcción
Mientras la discusión avanza en la Legislatura bonaerense, las posiciones parecen cada vez más distantes. Los defensores del proyecto insisten en la necesidad de regular las emisiones ganaderas y acompañar la transición hacia sistemas más sustentables. En cambio, la industria del feedlot reclama que cualquier política ambiental debe basarse en evidencia científica, distinguir el origen de las emisiones y considerar la complejidad de los distintos sistemas productivos.
Por ahora, la Tamba se convirtió en uno de los debates más sensibles del vínculo entre ambiente, producción y política pública en una provincia con fuerte tradición ganadera.
