El agro, alcanzado por la reforma laboral: productores pagarían menos aportes si blanquean personal o generan empleo
El presidente Javier Milei envió al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un ambicioso proyecto de reforma laboral que reavivó tensiones entre el sector empresario y el sindicalismo. Entre los capítulos centrales, la iniciativa incluye un esquema de incentivos para la formalización del empleo que incorpora explícitamente a las actividades agropecuarias, uno de los sectores históricamente más afectados por la informalidad laboral.
Según estimaciones oficiales, el campo emplea a más de un millón de personas, pero el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) nunca superó los 300 mil empleos registrados. La formalización, por lo tanto, aparece como uno de los mayores desafíos estructurales de la actividad.
Menos aportes patronales por dos años para productores que registren personal
El proyecto contempla, en sus Títulos XIX a XXI, un paquete de “régimen de incentivos para la formalización y promoción del empleo registrado”. Allí se prevé una reducción escalonada de las contribuciones patronales por 48 meses para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo o regularicen personal no declarado.
El beneficio se aplicará tanto a trabajadores con desempleo reciente como a monotributistas o empleados provenientes del sector público. Para el agro, el dato clave es que la reforma incluye la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario, lo que habilita a productores de cualquier escala a acceder a la rebaja de cargas sociales.
El Ejecutivo bautizó esta iniciativa como Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El mensaje enviado por el presidente Milei al Congreso afirma que el objetivo es “premiar a quienes generen empleo formal y genuino”, en un sector donde la informalidad supera el 60%.
Reducción de aportes para empleo ya registrado
La reforma también contempla un alivio para las nóminas ya blanqueadas: se propone reducir el aporte obligatorio al Régimen Nacional del Seguro de Salud al 5%. Además, las contribuciones destinadas a seguridad social se fijarían en:
- 17,40% para grandes empleadores de servicios y comercio.
- 15% para el resto de los empleadores privados, incluidos los agropecuarios.
Condonación de multas y facilidades de pago
Dentro del Régimen de Promoción del Empleo Registrado, el proyecto incorpora “condonaciones sustantivas de multas y sanciones” para empleadores que regularicen situaciones pendientes, además de planes de pago que deberá definir ARCA, el nuevo organismo que absorbería funciones de la AFIP.
Alcance general y cambios estructurales
La reforma establece, desde su primer artículo, que las disposiciones de la llamada “Ley de Modernización Laboral” serán aplicables también a los trabajadores agrarios, siempre que no contradigan la naturaleza del régimen rural vigente.
Entre los cambios integrales propuestos se destaca:
- Simplificación y digitalización de la registración laboral, evitando requerimientos adicionales a los que defina ARCA.
- Actualización de los criterios de cálculo indemnizatorio, para reducir litigiosidad.
- Reconocimiento de componentes remunerativos adicionales por mérito, a través de acuerdos individuales o colectivos, siempre bajo el principio de no discriminación.
Un nuevo escenario para el empleo rural
De aprobarse, el proyecto abriría un escenario inédito para la relación laboral en el agro. El sector, históricamente atravesado por altos niveles de informalidad, quedaría en condiciones de acceder a un esquema de incentivos económicos que podría modificar —al menos en parte— la matriz laboral rural.
El debate parlamentario definirá ahora si estas herramientas lograrán avanzar hacia una formalización masiva o si quedarán atrapadas en la habitual puja entre gremios, productores y el propio sistema político.
