Se recalienta el debate por la nueva ley de semillas y la adhesión a UPOV 91
El debate por la actualización de la ley de semillas volverá a ocupar un lugar central en la agenda legislativa durante 2026. Tras casi cinco décadas bajo un esquema normativo vigente desde los años ‘70, el Gobierno nacional impulsa una reforma que promete abrir una discusión tan intensa —o incluso más— que los intentos fallidos de años anteriores.
El nuevo escenario se activó con la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que incluye el compromiso de avanzar hacia la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), en reemplazo del convenio de 1978 al que el país actualmente adhiere.
El propio presidente Javier Milei puso el tema en el centro del discurso político al plantear la necesidad de “dar un régimen de propiedad para los innovadores en semillas” como parte de la transformación estructural que proyecta para el agro, con el objetivo de alcanzar 300 millones de toneladas de producción de granos.
Desde el ruralismo, la reacción fue inmediata. La Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestaron su respaldo a una actualización de la ley, pero rechazaron la adhesión a UPOV 91. Argumentan que esa versión del acuerdo fortalece los derechos de los obtentores y restringe el tradicional “uso propio” por parte de los productores, es decir, la posibilidad de guardar semilla para futuras siembras.
Además, las entidades sostienen que no es imprescindible adoptar UPOV 91 para mejorar la productividad, recordando que países como Brasil y Paraguay continúan bajo UPOV 78 y han logrado avances significativos en rendimiento y desarrollo tecnológico.
En contraposición, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) respaldó con firmeza la iniciativa oficial. La entidad consideró que la adhesión al Acta 1991 constituye “un paso decisivo” para revertir décadas de atraso normativo y falta de reglas claras que —según su visión— afectaron la competitividad del agro argentino.
ASA coincidió con los ejemplos planteados por el Presidente respecto a la brecha productiva en cultivos como el algodón y la soja, y sostuvo que sin una adecuada protección de la propiedad intelectual vegetal resulta difícil incentivar la inversión en genética y desarrollo tecnológico.
El eje de la discusión vuelve así a ubicarse en el delicado equilibrio entre la protección a la innovación y los derechos históricos de los productores. Con posiciones firmes y argumentos contrapuestos, todo indica que 2026 será un año de negociaciones intensas en el Congreso, en un debate que definirá el futuro marco de la propiedad intelectual vegetal y su impacto en la competitividad del campo argentino.
