El Gobierno impulsa una reforma del agro: busca eliminar el aporte obligatorio al IPCVA y disolver la COVIAR

El Gobierno nacional avanza en un proyecto de reforma del marco regulatorio agropecuario que contempla cambios de fuerte impacto para distintas actividades productivas. Entre las principales medidas, propone eliminar el aporte obligatorio que financia al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y disolver la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), transfiriendo sus funciones al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, aún no fue enviada al Congreso, pero integra el paquete de reformas con el que el Ejecutivo busca reducir regulaciones y revisar estructuras que considera obsoletas o generadoras de costos para la producción.

Uno de los puntos más relevantes del anteproyecto afecta al IPCVA. La propuesta establece que, a partir de octubre de 2027, dejaría de existir el aporte obligatorio que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado para financiar el funcionamiento del instituto. En caso de aprobarse la iniciativa, el organismo debería sostener sus actividades exclusivamente mediante contribuciones voluntarias de los distintos actores de la cadena cárnica.

Actualmente, el IPCVA desarrolla campañas de promoción del consumo de carne vacuna en el mercado interno, participa en ferias internacionales, impulsa la apertura y consolidación de mercados para la exportación, realiza investigaciones técnicas y estudios de consumo, además de organizar jornadas de capacitación para el sector.

La reforma también propone la disolución de la COVIAR, organismo responsable de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino. Sus funciones pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una decisión que profundiza las diferencias entre el Gobierno y el sector vitivinícola respecto del sistema de financiamiento de la corporación.

Esta medida llega luego de que la Justicia Federal suspendiera la eliminación del aporte obligatorio que sostenía a la COVIAR, al considerar que ese cambio debía realizarse mediante una ley y no a través de una resolución administrativa.

El anteproyecto incluye además modificaciones en la legislación vitivinícola, cambios en normas vinculadas al comercio y al transporte, y nuevas medidas de simplificación administrativa para la actividad agropecuaria.

De avanzar en el Congreso, la reforma marcaría un cambio profundo en el funcionamiento de dos de las instituciones más representativas del sector agroalimentario argentino, trasladando el financiamiento de organismos como el IPCVA hacia un esquema de adhesión voluntaria y redefiniendo el rol del Estado en la promoción de las principales cadenas productivas del país.