El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales y abre un nuevo debate en el campo
El Gobierno nacional avanza con un paquete de reformas para el sector agropecuario que incluye una de las modificaciones más trascendentes de las últimas décadas: la derogación de la Ley 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, vigente desde 1948 y considerada una de las normas fundamentales que regulan el mercado de alquiler de campos en la Argentina.
La iniciativa forma parte de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que aún no fue remitido al Congreso Nacional, pero ya genera expectativas y posiciones encontradas dentro del sector.
La propuesta plantea eliminar el régimen específico que regula los contratos rurales para que las relaciones entre propietarios y productores arrendatarios queden comprendidas bajo las disposiciones generales del Código Civil y Comercial de la Nación.
De concretarse esta reforma, el Estado dejaría de intervenir mediante una legislación especial y las partes tendrían mayor libertad para establecer las condiciones de sus contratos, incluyendo plazos, modalidades de pago, obligaciones, derechos y formas de explotación de los establecimientos rurales.
Desde el Gobierno sostienen que la actual normativa representa una regulación innecesaria que restringe la libertad contractual. En línea con la política de desregulación impulsada por la administración del presidente Javier Milei, el objetivo es equiparar los contratos de arrendamiento rural con cualquier otro acuerdo privado.
Un debate con fuerte impacto en el agro
La propuesta promete instalar una intensa discusión entre productores, propietarios y entidades del sector.
Quienes respaldan la derogación consideran que, en la práctica, los contratos rurales ya se negocian libremente y que eliminar la ley específica permitiría simplificar las operaciones, reducir la intervención estatal y brindar mayor previsibilidad jurídica.
Sin embargo, existen voces críticas que advierten sobre posibles consecuencias para los productores arrendatarios. Señalan que la desaparición del régimen especial podría generar un mayor desequilibrio en la negociación frente a los propietarios, especialmente si se tiene en cuenta que más del 60% de la superficie agrícola argentina se trabaja bajo la modalidad de alquiler.
Además, especialistas sostienen que contratos de menor duración podrían desalentar inversiones de largo plazo destinadas a la conservación de los suelos, mejoras en infraestructura y otras prácticas productivas esenciales para la sustentabilidad.
Una norma con casi ocho décadas de historia
La Ley 13.246 fue sancionada en 1948 con el propósito de ordenar las relaciones entre propietarios y arrendatarios rurales y otorgar un marco de protección a los productores. Aunque fue modificada en distintas oportunidades, mantuvo durante casi ocho décadas su condición de legislación específica para la actividad agropecuaria.
Si el proyecto finalmente ingresa al Congreso, comenzará un debate que promete ser uno de los más relevantes para el sector en los últimos años. La discusión volverá a poner sobre la mesa un interrogante de fondo: cuál debe ser el equilibrio entre la libertad contractual y la regulación estatal en un mercado estratégico como el de las tierras productivas.
